El gobierno de Nicolás Maduro insistió en que el hecho se produce dentro de una “escalada golpista”. Mientras se desarrollaba la ofensiva, el Tribunal emitió dos polémicas sentencias contra la fiscal Ortega.

El policía y actor aficionado venezolano Oscar Pérez (36) protagonizó la tarde del martes una escena que bien podría haber sido sacada de una película: robó un helicóptero de la base La Carlota, sobrevoló Caracas a bajo altura y, según el gobierno de Nicolás Maduro, disparó y lanzó dos granadas contra el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). El hecho causó pánico y tensionó aún más a los venezolanos.

Mientras se desarrollaba la acción, cinco videos divulgados en Instagram, en los que Pérez aparecía escoltado por cuatro uniformados enmascarados y armados, se volvieron virales. En ellos, el policía exigía la renuncia inmediata de Maduro. El gobierno no demoró en reaccionar. Así, el Presidente aseguró que se trataba de un “ataque terrorista” y el Ministerio del Interior emitió una orden de captura internacional contra el agente de la Policía Científica.

Pero la versión oficial de este confuso episodio ha sido tomado por algunos analistas venezolanos y dirigentes de la oposición como una supuesta “estrategia” de Maduro para reforzar su discurso de que es víctima de una “escalada golpista”. “Al igual como el gobierno ha usado otro hechos aislados de las protestas, ahora no ha tardado en aprovechar este hecho de dudoso origen, para utilizarlo y proyectarlo en su discurso”, aseguró a La Tercera el analista venezolano, Miguel Velarde.

El escepticismo de la oposición se debe, en tanto, a que mientras el policía realizaba el ataque contra el TSJ, sus magistrados finalizaban los detalles de dos sentencias contra el Ministerio Público, en un nuevo golpe a la fiscal general, Luisa Ortega. La abogada ligada al chavismo se ha convertido en la peor enemiga de Maduro. “Parece una cosa de película. Hay gente que dice que es una trampa (y otra) que dice que es real”, dijo el titular de la Asamblea Nacional, Julio Borges.

En una de las sentencias se entregan las facultades exclusivas de la fiscalía a la Defensoría del Pueblo, permitiéndole participar de investigaciones penales. La otra, anula el nombramiento del vice fiscal, Rafael González. Ahora será el Supremo el que designe a un nuevo funcionario. La jugada despeja el camino, según algunos analistas, para remover a Ortega y reemplazarla por alguien alineado al gobierno. A la fiscal general, además, se le congelaron las cuentas bancarias, quedó con orden de arraigo y deberá concuirrir a una audiencia el 4 de julio.

En respuesta a las sentencias, Ortega aseguró que para el gobierno “todo el país es terrorista”. “Yo lo que creo es que tenemos un terrorismo de Estado donde se perdió el derecho a manifestar”, aseguró.

Todo esto ocurre, además, mientras el país ya suma 89 días de protestas, que han provocado 78 muertos. Para la analista Rocío San Miguel, el caso del helicóptero “produce una mayor confusión. Si no es posible para los militares garantizar la seguridad aérea de Caracas, creo que queda muy mal parado el gobierno”, dijo a La Tercera.

Hasta el cierre de esta edición no había detenidos por lo sucedido el martes y se desconocía el paradero de Oscar Pérez, aunque el helicóptero si fue encontrado en localidad de Osma, en el estado de Vargas, cerca de Caracas, según informó el vicepersidente, Tareck El Alssami.