Humanidades

Eutanasia: tensionando creencias e interpretaciones sobre la existencia humana

La eutanasia presenta dos cuestionamientos éticos: por un lado, si es legítimo, y bajo qué circunstancias, adelantar la llegada de la muerte con apoyo por parte de terceros y, por otro, la validez de la objeción de conciencia al interior de la profesión médica.

Por: Diario Concepción 07 de Febrero 2021
Fotografía: Cedida

Ximena Cortés Oñate
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El progreso científico, que trae un aumento en la esperanza de vida a nivel mundial, amplifica también la complejidad de la atención de enfermos terminales y los dilemas éticos relacionados. Ello, sumado al cambio demográfico que tiende hacia un envejecimiento de la población, y aspectos económicos asociados a los costos en salud, han dado más fuerza y vigencia a la discusión sobre la eutanasia.

Confrontando temas valóricos, morales y políticos, la eutanasia representa un gran reto para la humanidad y la sociedad actual.

Isabel Cottin propone comenzar con la definición de eutanasia: “todas aquellas acciones realizadas deliberadamente por profesionales sanitarios, que tienen como objetivo provocar directamente la muerte, a petición expresa, voluntaria y reiterada de un paciente capaz, que padece un sufrimiento intenso, físico o psíquico, a consecuencia de una enfermedad terminal o irreversible, y que él experimenta como algo inaceptable, insoportable e indigno”.

Médico Geriatra y presidenta del Comité Ético Científico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción, Cottin es rotunda en señalar que cualquier otra cosa NO es eutanasia. “Ya no son válidos antiguos conceptos como ‘eutanasia pasiva’ que hoy se acepta como adecuación o limitación del esfuerzo terapéutico, o ‘eutanasia indirecta’, que hoy es moralmente aceptada como doble efecto de la analgesia y/o sedación paliativa, y otros conceptos en desuso”.

A juicio de la académica del Departamento de Medicina Interna, los avances tecnocientíficos y biomédicos han tenido un impacto tan grande sobre la dignidad y los derechos de las personas, que han dado lugar a una problemática bioética de rango global. “El conflicto generado por el desarrollo biotecnológico ha determinado volver a plantearse los fines de la Medicina y, por lo tanto, un intenso debate ideológico-filosófico acerca de las decisiones que afectan el final de la vida, como la necesidad de cuidados paliativos universales, específicos y adecuados, información veraz, gradual y adecuada, retirada o no iniciación de tratamientos fútiles”, dice.

Ese conflicto al interior de la profesión médica, es uno de los cuestionamientos éticos que identifica Diana Aurenque frente a la eutanasia. La directora del Departamento de Filosofía de la Universidad de Santiago señala que los profesionales de la salud “profesan una ética médica que se guía por principios que intentan proteger la vida y evitar la muerte; bajo esa perspectiva, la eutanasia iría contra el ethos médico”.

Sin embargo, sostiene la especialista en Filosofía de la Medicina, la ética médica también está sujeta a respetar otros dos principios que están en juego en la eutanasia: “la autonomía de los pacientes, y eso significa respetar sus decisiones autónomas e informadas respecto de opciones médicas, como también el principio de evitar y mitigar el sufrimiento de las personas. Estos principios fundamentales son los que permitirían ver que la eutanasia (también el suicidio asistido) serían compatibles con la ética médica”.

Desde otra perspectiva, el también filósofo Rodrigo Pulgar comenta que “la ética no es unidireccional, tiene diversas aristas que derivan tanto de los actos deliberativos como de las acciones correspondientes. La pregunta y la respuesta ética son situaciones que afectan no solo a un sujeto sino al colectivo social”.

Académico del Departamento de Filosofía de la Universidad de Concepción, Pulgar sostiene que “el proceso ético tiene su constatación en un cambio del escenario social (es la historia la que comprueba si lo deliberado cumple lo solicitado por la persona). Ahí afloran contradicciones vitales que ponen en cuestión la certeza de principios. No es una simple reflexión sobre un hecho de contingencia, sino sobre sujetos y modos comprensivos de realidad”.

Cottin insiste en que “todo humanismo, metafísico o no, religioso o laico, reconoce al ser humano una dignidad intrínseca e inherente a su ser, que convierte a la persona en un fin en sí mismo y nunca en un medio”.

En su opinión, este principio señala que los seres humanos deben ser tratados según sus propias decisiones, intenciones o manifestaciones de consentimiento. “Al regular su comportamiento según normas propias (autonomía), debe responsabilizarse y ser dueño de sus actos y de su propio destino”, sostiene la médico y agrega que, en general, “las Constituciones, establecen un derecho de vivir, pero no un deber de vivir”.

Con ella concuerda el abogado Alfonso Henríquez: “hoy existe una corriente importante que sostiene que la voluntad y la autonomía del paciente deben ser consideradas y promovidas. Este argumento cobra especial relevancia en el caso de la eutanasia. La autonomía supone una dimensión positiva, la cual involucra el derecho que tiene toda persona a desarrollar su vida según su propia concepción de lo que es el bien, pero también abarca una dimensión negativa, en el sentido que genera el deber para el Estado, los médicos y otros profesionales, de no decidir por el sujeto; esto es, de no impedir que la persona actúe de conformidad con sus propias decisiones, aun cuando estas supongan un daño para su persona”.

Bajo este punto de vista, dice el académico del departamento de Historia y Filosofía del Derecho de la Universidad de Concepción, resulta claro que el ser humano, en tanto sujeto autónomo, también tiene el derecho de poder decidir acerca de su propia muerte.

“Desde luego, se puede sostener que la persona no tiene este derecho, es decir, que la propia vida constituye un bien indisponible, incluso para su titular. Sin embargo, esta postura parte del error de considerar que existe el deber de seguir viviendo, y que el Estado tiene la facultad para imponer el cumplimiento de esta obligación a la persona, aun a costa de su dolor y sufrimiento. El derecho a la vida protege el interés de su titular, no del Estado o de algún grupo particular de la población”, señala.

Algo con lo que coincide Cottin: “en relación con los límites y el alcance de la legalización de la eutanasia, una de las cuestiones esenciales es si el derecho a vivir implica o no, además, un derecho a morir”.

 

 

Isabel Cottin

 

 

Diana Aurenque

Sociedades diversas

El debate sobre eutanasia nos enfrenta a realidades donde la vida no siempre es un bien ni la muerte siempre un mal. Se tensionan creencias, tradiciones, diversas interpretaciones sobre la existencia humana y la libertad de vivir y/o morir.

La noción de que la vida humana es sagrada y siempre considerada como un bien absoluto, tiene un fuerte asidero teológico, especialmente de arraigo judeo-cristiano. Para Aurenque, el argumento de la “santicidad de la vida” responde a una consideración moral particular, que no necesariamente es, puede o debe ser compartida por todas las personas.

“Nuestras sociedades son diversas y profesamos distintas visiones y valoraciones de lo que significa una buena vida. Lo que la vida buena sea, responde a juicios altamente individuales y, es a raíz de ello, de la evaluación personal, que también surgen distintas formas de entender que la muerte no siempre es un mal”, sostiene.

A su juicio, “lo que parece ser un punto donde hay cada vez más acuerdo es que la vida no siempre es valiosa por su sola realidad factual o biológica. Los seres humanos valoramos la vida en base a sueños, ideales, posibilidades de realización, entre otros, y no solo por el solo hecho de respirar”.

Sobre lo complejo de este debate, Henríquez señala que “se ha sostenido que la eutanasia supone atentar en contra de una serie de mandatos de origen divino, que constituye un acto moralmente ilícito, o incluso un crimen contra la vida. Estas posturas, si bien son respetables, no pueden ser determinantes, puesto que la sociedad chilena es diversa y plural. Como no todos adhieren a estas doctrinas, se debe legislar pensando en el bienestar de toda la población, de lo contrario nos encontraríamos en un escenario en el cual una parte de la sociedad, estaría imponiendo sus creencias religiosas. Esto sería inadmisible en una democracia”.

Cedida

Muerte digna

Cottin señala que, como consecuencia del impresionante desarrollo de la tecnología biomédica, morir es frecuentemente un largo proceso en el cual, cantidad y calidad de vida entran muchas veces en contradicción.
“El buen morir o muerte digna es uno de los fines de la Medicina, de acuerdo a la Asociación Médica Mundial, que también suscribe nuestro país. Hoy, en un mundo globalizado, multicultural, multirreligioso, multiétnico y complejamente poliédrico, como el que nos ha tocado vivir, resulta fundamental tener acuerdos como los anteriores respectos a los fines de la Medicina, las definiciones de eutanasia, limitación de esfuerzo terapéutico, obstinación terapéutica, rechazo al tratamiento o voluntades anticipadas”, dice.

Desde la 2ª mitad del siglo XX se ha consolidado un modelo de muerte históricamente inédito: el 60 a 70% de los fallecimientos ocurre en los hospitales. Chile, sostiene Cottin, no es una excepción: “le damos la espalda al morir”.

Pese a que se ha avanzado mucho en el área de los cuidados paliativos y alivio del dolor, programa que, desde algunos años, está en el GES, sólo es garantizado para enfermedades oncológicas. “Existen muchas otras condiciones y enfermedades que producen dolor y sufrimiento crónicos, para los cuales no están garantizados los tratamientos adecuados y universales. Esta es una de las situaciones más relevantes que requiere ser resuelta antes o, paralelamente, una legislación sobre eutanasia y/o suicidio asistido”, dice Cottin.

En todo caso, a pesar de la fuerte presión ciudadana, en pocos países se ha legislado sobre estos temas.
“Cuando la discusión sobre la simple posibilidad de considerar la muerte como algo legítimo y elegible jurídicamente se pone en el foro público desde una propuesta legislativa que persigue eliminar la carga punitiva del acto, la sensación de fragilidad aparece en el contexto social”, reflexiona Pulgar.

El también investigador del Centro Cidesal, Ciencia, Desarrollo y Sociedad en América Latina de la UdeC, señala que ahí “la discusión se reviste de carga ética, y con mayor fuerza en Estados no plenamente secularizados como el nuestro. Esto implica que seguimos atrapados en criterios de dominio. Resulta sintomático que, desde la posición de dominio, el argumento de cuidados paliativos sea la conducta pedida a quienes postulan la eutanasia como vía de salida a una situación de vida extremadamente dolorosa y distante del principio teleológico que habla de la vida buena”.

En Chile, un proyecto de ley de Eutanasia y Cuidados Paliativos, que busca establecer una normativa para habilitar a una persona que solicite asistencia médica para morir, ya fue aprobado en general en diciembre pasado por la Cámara de Diputados y se encuentra en la Comisión de Salud, ya que fue objeto de indicaciones.

Para Henríquez, “se trata de un proyecto que va en el sentido correcto, en tanto reconoce la autonomía y los derechos del paciente, estableciendo un procedimiento serio y normado, con garantías para todos los intervinientes”.

Rodrigo Pulgar

Objeción de conciencia

En ese proyecto de ley aparece la figura de los objetores de conciencia, que en el contexto internacional y en el mundo de la Bioética es moralmente válida desde la perspectiva de la propia autonomía del profesional de salud.

No obstante, Cottin señala que para que esta figura se concrete, debe cumplir con algunas premisas: “primero, haberlo declarado al contratarse o al entrar en vigencia una Ley que implique conflicto con alguno de sus principios o valores. En segundo lugar, cuando se enfrente a una situación clínica en que se vea enfrentado a la situación respecto de la cual es objetor de conciencia, debe asegurarse de derivar al paciente en forma expedita y oportuna a otro colega o institución que sí le asegure la prestación que objeta personalmente”.

Para Pulgar, en tanto, es preciso asegurar el derecho de todos los participantes de la acción. “Imaginemos un espacio y tiempo social en donde la eutanasia sea aprobada bajo el principio de la autonomía de la conciencia. Entonces, sería contradictorio con el principio mismo someter a un acto de obligación al personal de salud para cumplir con la norma”, señala.

A su juicio, la legitimidad descansa en la conciencia y su protección en la ley. “Esto salva o protege no solo a quien opta por la eutanasia con pleno control de sus facultades racionales, como a quién ayuda; vale decir, a quien elige prestar su servicio para la realización de una acción que consiste en poner fin a la vida de otro bajo el argumento de deseo y solicitud de bien que traduce aquella cuestión esencial en el movimiento ético”.

Aurenque, por otro lado, se declara crítica respecto de la legitimidad de la objeción de conciencia en la medicina. “Si bien es cierto, las y los médicos pueden tener reparos valóricos respecto de las decisiones que sus pacientes deseen tomar (no solo respecto de la eutanasia, sino también en discusiones sobre el aborto), me parece que, ante todo, se deben a la ayuda de sus pacientes y esa ética profesional les mandata por sobre sus propias valoraciones”, dice.

Para ella “sólo estar para ellos en los tratamientos que les parezcan aceptables, significa que están escogiendo a sus pacientes y emitiendo juicios sobre sus decisiones. Esto último me parece ilegítimo y paternalista de parte de un médico. Además, es poco solidario con sus colegas, pues recargaría de esta labor difícil solo a quienes están dispuestos a hacerlo”.

Finalmente, señala, le preocupa que, al incluir la objeción de conciencia, ocurra algo similar a lo que sucedió con la ley del aborto en tres causales donde se incluyó la conciencia institucional. “Esto último es insólito y grave porque da atribuciones morales a una institución, no a una persona, lo que es una extensión ideológica e ilegítima”, asevera.

El caso es que, al parecer, siempre habrá una pugna entre diversas interpretaciones respecto de la vida, desde la consideración de la muerte como algo legítima y jurídicamente elegible. Como señala Pulgar, lo que sí parece razonable, es que la norma jurídica que permite la eutanasia como una opción. tomable o no por quién reúna la condición, sea un argumento de respaldo tanto para quién opta por ella como para quien la rechace por causa de sus principios.

 

Alfonso Henríquez

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