Más allá de los destrozos que se generaron en la vía pública, académicos y analistas políticos ahondaron en “la otra violencia”, esa que motivó masivas marchas y el reclamo para poner fin a las desigualdades.
El denominado estallido social, iniciado en octubre del año pasado, suele asociarse a desmanes y violencia, sobre todo, en quienes son defensores del modelo y por quienes por estos días promueven la opción Rechazo.
Si bien es cierto, la violencia generada en las calles fue evidente, por tanto innegable, la frase “no son $30, son 30 años” grafica que las masivas movilizaciones de hace un año tenían una raíz mucho más profunda que la de un grupo de estudiantes descontentos con el alza en la tarifa del boleto del Metro en Santiago. Y académicos y analistas políticos coinciden en el diagnóstico.
Así por ejemplo, la socióloga de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (Ucsc), Deisy Chandía, dijo que si bien se requiere de un análisis político y social mucho más riguroso, es un hecho que las históricas manifestaciones obedecieron a un descontento generalizado, principalmente, con la instituciones encargadas de velar por el presente y futuro de la ciudadanía.
Opinó que después de 17 años de dictadura, vino un periodo en que se esperaba enmendar el rumbo extraviado. Pese a la buenas cifras macroeconómicas y ser un país modelo en el concierto latinoamericano, la ciudadanía pasó a la desesperanza, al ver que esos increíbles avances no le llegaban. Eso explica que en medio de las marchas, comentó, se hiciera mención a las pensiones, salud y educación.
La académica de la Universidad de Concepción (UdeC), Jeanne Simon, coincidió en lo referido a las instituciones. De hecho, sostuvo que ello se refleja en la “débil identificación ciudadana con los partidos políticos y con los y las parlamentarias”.
En efecto, el sociólogo y académico de la Universidad Andrés Bello (Unab), Constantino Villarroel, agregó que “los movimientos que convergen en octubre muestran que ya no existe miedo para evidenciar la crisis de instituciones formales e informales que han privilegiado la estabilidad por sobre la representación, la participación, la rendición de cuentas y la legitimidad”.
Noelia Carrasco, profesora asociada del departamento de Historia de la UdeC, dijo que desde el punto de vista antropológico, el estallido social “puede ser comprendido como un pulso en un proceso de transformación mayor”.
Agregó que su origen no es sólo social, pues se dejó entrever “otras incomodidades que igualmente forman parte de la crisis, como sucede con la desigualdad económica y la injusticia ambiental. Es decir, personas y comunidades de múltiples territorios del país, reaccionaron ante los excesos de un modelo de sociedad y economía, solventado a expensas de la naturaleza y con profundos costos para grandes porciones de población”.
Carrasco dijo que lo anterior ha ido generando “padecimientos masivos a la salud de las personas, ausencia de derechos básicos, desempleo, endeudamiento, autoritarismo, falta de democracia en procesos ciudadanos, entre otros”.
El sociólogo, Rodrigo Roa, coincidió y aludió a una catarsis de la ciudadanía, porque si bien, por un lado, está lo social, también existe descontento por cómo “se hacen las cosas”.
“El hecho de que se hayan sumado las regiones, deja en evidencia un problema de legitimidad de la política en general. Todo se hace en Santiago, entre cuatro paredes. La gente que toma decisiones no lo hace pensando en la gente, sino en su conveniencia. Toda esta acumulación de factores terminó por reventar el 18-O”, manifestó.
Tania Busch, académica de Derecho de la Unab, recordó que “a mediados de la década del 2000, comienza a gestarse un cambio de paradigma, desde la revolución pingüina en adelante. Ese hito marca un cambio de lo que se espera del Estado. La Constitución vigente estableció un modelo subsidiario basado en una abstención del Estado en algunas materias”.
En ese contexto, dijo que “sin perjuicio de que las cosas nunca tienen una causa única, creo que el estallido social se puede traducir como una demanda por mayores provisiones de derechos sociales. Se tomó conciencia de la importancia de que el Estado tuviera una responsabilidad mayor en la provisión de derechos sociales como educación, salud, seguridad social. Fueron demandas insatisfechas que tienen que ver con la desigualdad que se fueron sedimentando en la sociedad chilena y que concluyeron en una crisis de legitimidad de las instituciones”.