Si bien en Santiago las manifestaciones partieron mucho antes y la motivación fue el alza del pasaje del Metro, en regionales y particularmente en Bío Bío, la ciudadanía salió a las calles el sábado 19 de octubre. Se escucharon los primeros cacerolazos y se produjeron las primeras protestas en las calles. Era el inicio de un largo camino.
“Él ha caído en una irresponsabilidad política grave, porque se puede mantener el orden público, pero eso no justifica ni permite que exista agresión ni violaciones a los Derechos Humanos y eso es lo que está ocurriendo. Eso es propio de una dictadura, no de la democracia”, dijo el 23 de octubre el diputado del Distrito 21, Manuel Monsalve (PS), sobre al actuar, del entonces ministro del Interior, Andrés Chadwcik, advirtiendo por primera vez, desde la arena política, las violaciones a los derechos fundamentales.
Tras cuatro días de iniciado el estallido social, los heridos con perdigones se comenzaban a acentuar, incluyendo a trabajadores de la prensa. “Hay una política añeja, en el sentido de establecer los mismos cánones de defensa policial que teníamos hace 40 años”, comentaba la vicepresidenta de la Cámara y diputada de Ñuble, Loreto Carvajal (PPD).
“Es la primera vez que vivimos un estado de emergencia decretado por motivaciones políticas (…). Las personas no pueden ser arrestadas en toque de queda y no puede haber detenciones en lugares no habilitados legalmente para tal efecto”, manifestaba el senador Alejandro Navarro (PRO), durante una sesión de la comisión de Derechos Humanos del Senado.
“Nuestro país se ha visto convulsionado por los graves eventos (…) a lo largo del territorio nacional. Se trata de una situación compleja de malestar social, cuya solución debe comprometer a toda la sociedad chilena”, dijeron rectores de las cuatro universidades agrupadas en el Cruch Bío Bío – Ñuble en una declaración conjunta, dando una importante señal de compromiso desde la academia con los acontecimientos acaecidos en el país.
“Compartimos entre las comunidades de nuestras Universidades el profundo dolor tras los graves hechos ocurridos a nivel nacional y en nuestras regiones de Bío Bío y Ñuble. De acuerdo con los principios de nuestras instituciones, estos hechos nos llaman a una profunda reflexión, no sólo respecto de la escalada de violencia y destrucción que continúa afectando a tantos espacios públicos, condenada por nosotros y de manera transversal; sino, sobre todo, en torno a las raíces que subyacen en esta violencia, como lo es la inequidad social, la desconfianza y la segregación que se ha incubado por años al interior de nuestra sociedad chilena (…). Estos tres elementos centrales también se reconocen en la libre expresión de tantos centenares de miles de chilenos que se han manifestado, de manera legítima y completamente pacífica, en diversas ciudades del país”, se leía en la declaración.
En medio de la crítica ciudadana a la clase política en general y a los parlamentarios en particular, el Congreso inició la tramitación de una serie de iniciativas en beneficio, justamente, de sus críticos. Así, por ejemplo, el 24 de octubre se aprobó el general el proyecto que rebaja la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales. “La gente quiere cambios estructurales, pero también que se mejoren sus condiciones de vida y este proyecto va en esa dirección”, dijo el diputado del Distrito 21, Manuel Monsalve (PS).
Fue el inicio de una serie de iniciativas que buscaban empatizar con la quienes salieron a marchar masivamente a las calles. “Esto también ha sido por la presión que ha existido en las calles, esto se sintió en la Cámara”, reconoció el diputado del PEV, Félix González.
Durante este mes, antes del estallido social, también hubo variados hechos que marcaron la pauta noticiosa, como la realización del evento Ciencia Sin Ficción que contó con la participación de destacados exponentes como el astrónomo, José Maza, y el premio nacional de Ciencias, Eric Goles; la conflicto entre los vecinos del Parque Ecuador y la Inmobiliaria Aitué, por el proyecto Ciudad del Parque, que finalmente fue desestimado por la empresa; y el rechazo a la instalación de un terminal de hidrocarburos de Copec en Coronel.
Antes de las manifestaciones, se suponía que octubre sería un mes marcado por las renuncias de varias autoridades regionales, incluyendo el intendente Sergio Giacaman, pensando en las elecciones regionales y municipales de 2020.
No obstante, la máxima autoridad decidió quedarse en el cargo, así como otros integrantes del gabinete que se proyectaban como candidatos a alcalde. No fue el caso del representante de la cartera de Deportes, Juan Pablo Spoerer, quien decidió dar un paso al costado para ser carta de su partido, Evopoli, al sillón alcaldicio de San Pedro de la Paz.
En este período, también se intensificaron los rumores respecto al supuesto arribo del ex intendente del Bío Bío, Rodrigo Díaz, a Evopoli. “Es muy pronto para cualquier pronunciamiento”, dijo en su oportunidad el otrora militante de la DC.
A fin de mes, se produjo un nuevo cambio de gabinete, como consecuencia de lo manifestado por la ciudadanía en las calles. Así, por ejemplo, la presencia de Andrés Chadwick (UDI) en Interior se hacía insostenible, asumiendo el cargo Gonzalo Blumel (Evopoli). Al final fueron ocho los cambios. “Hoy debemos tener generosidad. Nadie entendería que hoy nos pusiéramos a reclamar por cargos más o cargos menos”, dijo la senadora de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe.
