Que el Estado entregue confianza a las empresas locales para adquirir diversos bienes y servicios sin dudas es un espaldarazo para la economía regional.
D e acuerdo a datos entregados por el seremi de Hacienda, Sebastián Rivera, en base a ChileCompras, más de $189 mil millones han transado en compras públicas las micro, pequeñas, y medianas empresas de la Región del Biobío, en lo que va del año. Una cifra que puede entenderse como un importante apoyo para el desarrollo de la industria local en diferentes bienes y servicios.
Sin embargo, Sara Cepeda, presidenta de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo A.G. de Concepción dio a conocer que en el caso de pymes del comercio existen quejas en cuanto a los plazos de pago. “El sistema de pagos a 30 días está complicado porque el problema o el nudo que hay no es que tanto el sector público o privado no paguen una factura a 30 días, sino que no autorizan la facturación”.
En ese sentido, la dirigenta agregó que “un prestador de servicios ante un estamento público o privado a quien se le envía la documentación sobre el trabajo y los insumos que se han entregado, deben ser revisados y es ese proceso de revisión, previo a la facturación, el que se demora, tardando hasta 90 días. Transcurrido este periodo, recién informan que es posible facturar y una vez facturado, comienzan a correr los 30 días de plazo para el pago de la factura, entonces, el problema está en el proceso de autorización previa a que corra el plazo de 30 días para el pago de las facturas”.
Por su parte, Álvaro Ananías, presidente de CPC Biobío aseguró que “en CPC los socios han tomado muy seriamente el tema de apalancar y apoyar a la pyme regional. En este sentido, también se está cumpliendo con la norma del pago a 30 días, pero no solo con eso. Justamente, las empresas medianas y grandes de la Región del Biobío a través de nuestro comité de Innovación y Pymes, están participando activamente de forma de poder apalancar y ayudar a desarrollarse a empresas pequeñas y medianas de la zona”.
De acuerdo al Ministerio de Economía, para promover una relación más simétrica entre las empresas en materia de pago, la Ley de Pago a 30 Días (Ley 21.131) establece plazos certeros, regula el no cumplimiento de los mismos, garantiza el derecho a la aplicación de intereses por mora y el derecho a indemnización; y por último, califica como cláusula abusiva a cualquier acuerdo que vulnere los derechos contenidos en esta normativa.