La comunidad merece respeto y hay un contrato de convivencia mínimo que debe cumplirse.
Es clave para una ciudad la seguridad y limpieza de sus espacios públicos. Dos aspectos que permiten, por ejemplo, turismo y desarrollo. En Concepción se ha comenzado con la instalación de nuevos basureros en el centro de la comuna. Una medida que se percibe necesaria, dado que, tras el estallido social en 2019, muchas de esas estructuras resultaron dañadas. Una acción que es bienvenida.
Sin embargo, el problema se profundiza en los denominados sitios eriazos, de propiedad privada y que con sus protecciones destruidas se han convertido en foco de inseguridad e insalubridad para sus vecinos.
Es por lo anterior que diversos parlamentarios iniciaron un proyecto que busca modificar el Código Penal y, con ello, aumentar aún más las sanciones a quienes arrojen basura en sitios eriazos y espacios públicos. Además de esto, contempla igualmente un aumento de la gravedad en las multas y sanciones para quienes cometen este tipo de conductas en zonas protegidas o de trascendencia natural, tales como los monumentos naturales, áreas de conservación u otros de similares características de protección estatal.
En diciembre del año 2018 se publicó la ley N°21.123 que modifica el Código Penal y tipifica como falta el ensuciar, arrojar o abandonar basura o desechos de cualquier índole en playas, riberas de ríos, parques y reservas nacionales o en otras áreas de conservación de la biodiversidad declaradas bajo protección oficial. Sin embargo, este avance sólo se quedó en establecer multas a quienes sean responsables de estos actos, que puede reemplazarse con trabajos comunitarios.
Con la posible modificación, en trámite en la Cámara de Diputados, se propone incorporar en el Código Penal un nuevo epígrafe, se sancionará con penas de distinta gravedad atendiendo al lugar donde se materializa el delito de botar basura o desechos, entendiendo que requiere de especial protección y, por tanto, una mayor sanción penal cuando se trata de lugares de especial protección por parte del Estado.
Esto podría remediar el problema. No puede terminar siendo responsabilidad pública la obligación de mantener limpios y protegidos dichos lugares y menos que dichos recursos salgan de arcas públicas. La comunidad merece respeto y hay un contrato de convivencia mínimo que debe cumplirse.