Tenemos que evitar con todo lo que podamos volver a cometer los errores del verano pasado.
Hace poco más de un año, la Región del Biobío vivió una catástrofe que, por supuesto, nadie quiere que se repita.
Más de 200 mil hectáreas arrasadas por el fuego y la pérdida de vidas humanas fueron el resultado de la acción de los incendios forestales.
Desde marzo de este año que está por terminar, en diversas instituciones del país comenzaron a realizarse investigaciones y análisis para explicar y prevenir que lo ocurrido se repita.
Una de ellas fue la creación de una Comisión Investigadora que fiscalizó los actos de Gobierno relacionados con la prevención, gestión y combate de los incendios en el territorio nacional.
Tras meses de indagación, la semana pasada presentaron el informe final que fue aprobado por el pleno de la Cámara Baja.
En el documento de cerca de 60 páginas se observan una serie de sugerencias en las que destaca, por ejemplo, que se sugiere mejorar el Sistema de Alerta de Emergencia, designar “un encargado de emergencias”, que cuente con preparación y experiencia para ello o que el Estado entregue recursos al Ministerio Público para una unidad especializada sobre este tipo de eventos.
Sobre este último señala específicamente “que el Estado otorgue recursos para que el Ministerio Público, pueda tener una unidad especializada de investigación de incendios provocados intencionalmente con jurisdicción nacional, y de esta manera se pueda tener una condena efectiva y pronta contra quienes cometen estos delitos, lo que no ocurre con el actual sistema de investigación por región. Siendo necesario modificar la Constitución Política en su capítulo VII, y su ley orgánica”, dice de manera textual el oficio presentado ante la Cámara Baja.
En ese sentido, uno de los diputados que ha tenido un activo rol en el tema de prevención de incendios forestales, Félix González (PEV), indicó que “la Comisión hizo distintas recomendaciones, unas en el sentido de la mejor coordinación del Poder Ejecutivo, que estuvo al debe en la temporada anterior, y por otra parte recomendó aprobar el proyecto que presentamos en marzo pasado para obligar a hacer cortafuegos, o sea, para entregarle atribuciones a los municipios para distanciar las plantaciones forestales de las viviendas”.
Por su parte, la diputada Joanna Pérez (Demócratas), quien integró la comisión, señaló a Diario Concepción que “se constata que hay una relación mucho más directa en los temas de inseguridad, de terrorismo, de intencionalidad y por lo tanto ahí hay un rol del Ministerio Público importante. También es necesario fortalecer la capacitación, no sólo de los actores locales como en el municipio, sino también a nivel regional y por cierto nacional.
Por lo visto en el informe, las conclusiones son las esperadas. Ahora, queda por ver cuánto se avanza en adoptar las sugerencias y mejorar dichos aspectos. Tenemos que evitar con todo lo que podamos volver a cometer los errores del verano pasado.