En el balance, lo positivo es que se han abordado estas situaciones bajo una mirada amplia en que se ha puesto a la protección y a la dignidad de las familias como parte esencial del procedimiento.
Este martes se produjo el desalojo de las familias que ocupaban ilegalmente bloques de la Villa Futuro en Chiguayante, dañados desde el terremoto de 2010. Una escena que siempre se presenta como compleja, se trata de familias vulnerables que llegaron a habitar dichos inmuebles antes la necesidad de no tener otro espacio donde vivir.
Sin embargo, se trata de estructuras dañadas y, por lo tanto, es riesgo de derrumbarse y, por consecuencia de ello, un peligro para las mismas familias.
No es el primer caso de desalojo generado por una acción judicial estatal que se produce este año. Antes fue por los departamentos tomados en San Pedro de la Paz, los cuales estaban destinados al programa “Arriendo a Precio Justo”, y los bloques dañados del Mirador del Pacífico, que presentaban fallas por problemas en su construcción.
La acción es Chiguayante es el primer procedimiento de este tipo que se realiza bajo la vigencia de la nueva ley de Usurpaciones. “Fue un procedimiento que ocurre precisamente en el contexto de esta nueva ley, es el primer caso en la Región. Nosotros hemos tenido ya tres desalojos, destacando que todos se han realizado de manera tranquila y eso se debe a las coordinaciones que han ocurrido para enfrentar estos procedimientos”, señaló Humberto Toro, delegado presidencial (s).
“En los tres casos han sido procedimientos que se han llevado a cabo de manera pacífica, en los cuales hemos estado preocupados no solamente de desalojar si no preocupado con las instituciones de las personas que están allí”, añadió Toro.
Sin duda, lo señalado por la autoridad es un hecho a destacar. En ninguno de los desalojos se ha generado violencia en contra de las familias que fueron expulsadas de dichos inmuebles, pese a que en su origen el acto en sí no es pasivo.
“Entendemos que debemos preocuparnos desde el sentido de lo humano, y por lo tanto, hemos tenido las coordinaciones con Carabineros, el ministerio de Vivienda, del Serviu, también de la Delegación Presidencial, pero también participaron otras instituciones como Mejor Niñez para preocuparnos de los infantes”, agregó Humberto Toro.
En el balance, lo positivo es que se han abordado estas situaciones bajo una mirada amplia en que se ha puesto a la protección y la dignidad de las familias como parte esencial del procedimiento. Un hecho negativo que paso a ser positivo, con un abordaje integral.