Nuestro transporte público debe ser siempre seguro y confiable, porque hay una gran mayoría de la comunidad que lo utiliza. Eso es argumento suficiente.
A lo menos resulta llamativo que a los conductores de la locomoción colectiva, a lo menos en el Gran Concepción, no se les realicen exámenes médicos periódicos, tanto físicos como psicológicos, ni tampoco de consumo de sustancias médicas.
Así lo reconocieron a Diario Concepción directivos de tres líneas de microbuses, quienes confirmaron dicha situación, respecto de sus choferes.
Esto resulta preocupante debido a que estos profesionales del volante tienen la responsabilidad a miles de personas durante sus jornadas diarias de trabajo y es preciso limitar cualquier factor que arriesgue sus vidas y las de aquellos y aquellas que trasladan.
Este debate se reabre luego del episodio en que dos conductores fueron sorprendidos hace pocos días con resultados positivos tras pruebas de narcotest realizadas por el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda).
Juan Suazo, presidente de la empresa Mini Verde, servicio que circula entre Hualpén y Concepción, señala que en caso de querer descubrir presencia de drogas en conductores recurren al mencionado Senda para que haga estas labores, pero “en estos momentos no hay un protocolo”, propio sobre revisión en algún momento del periodo laboral de los trabajadores.
Samuel Capponi, representante legal de Buses Ruta del Mar, que circula entre Penco, Talcahuano y Concepción, responde en la misma línea: “En estos momentos, nada”.
Consultada al respecto, la seremi del Trabajo de la Región del Biobío, Sandra Quintana, informó a Diario Concepción que efectivamente “existe la posibilidad de que los empleadores -de cualquier tipo de empresa y de acuerdo con la función que cada persona ejerza- puedan
exigir dentro de su reglamento interno medidas de control respecto de alcohol y drogas. Eso, siempre y cuando la empresa tenga más de 10 trabajadores. Para eso lo debe contener en su reglamento o no es válido”.
Lo relevante es que no sea una obligación, en este caso puntual. Es por ello que en el Congreso se está tramitando un proyecto de ley que busca consolidar dicha acción. Es de esperar que fluya su proceso legislativo y se concrete. Nuestro transporte público debe ser siempre seguro y confiable, porque hay una gran mayoría de la comunidad que lo utiliza. Eso es argumento suficiente.