Royalty Minero y las ideas de más facultades regionales

Las ideas, anuncios, proyectos, etc, sobre la descentralización han sido varios a lo largo de la historia del país y siempre tienen un mismo fin en común: más recursos y poder de decisión de las regiones. En medio de las discusiones del último tiempo es que ahora aparecen dos nuevos anuncios y presentaciones claves: el plan de Regiones más fuertes, y el Royalty Minero. Ambos impulsados por el Gobierno.

Sobre el último proyecto son más de $33 mil millones los recursos que llegarán a la Región del Biobío si es que se aprueba. Esto según los datos entregados por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, a Diario Concepción.

Los montos son establecidos a través de dos fondos que son financiados con el proyecto de ley que aplica sobre la renta imponible operacional minero. Cabe destacar que, según explicó el ministro, el Royalty Minero que está en discusión en el Congreso financiará gran parte de los ingresos que llegarán a las regiones con la iniciativa de Ley de Rentas Regionales.

“Se regula los ingresos de los gobiernos regionales, que al mismo tiempo se van a ver incrementados con los recursos provenientes del Royalty Minero, en la medida que se apruebe, por supuesto, ya que en este momento está votación en la Comisión de Hacienda del Senado”, detalló el secretario de Estado.

En específico, a través del Fondo para la Productividad y el Desarrollo son $17 mil 378 millones para el Biobío, junto con otros recursos del Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial por $15 mil 788 millones. En definitiva, de aprobarse la propuesta del Gobierno la Región del Biobío va a recibir $33 mil 166 millones.

Estos recursos irían directamente a las arcas locales y estarían bajo la administración del Gobierno Regional (Gore). Sobre los montos que se recaudarían a nivel nacional con el proyecto y su destino, el ministro de Hacienda aclaró que “van a ser US$225 millones al año para los gobiernos regionales y otros US$225 millones al año para los municipios de zonas mineras y para los municipios de todo el país que sean más dependientes del Fondo Común Municipal”, aclaró Marcel.

Cuestión que hasta ahora se entiende como necesaria para el evidente uso en la ejecución de políticas públicas, pero también en lo simbólico por lo que significa que los territorios fuera de la zona Metropolitana puedan tener mayor facultad sobre sus intereses y problemas.