Una señal que debería ser compartida y repetida por más instituciones gubernamentales, y de otros poderes y estamentos autónomos del Estado.
El buen uso de los recursos públicos es uno de los temas que siempre ha concentrado la atención de la ciudadanía.
De hecho debe ser, de forma histórica, una de las mayores preocupaciones de la población que mantiene la posición de alerta en cuanto al gasto estatal y sus respectivos destinos. Incluso las voces que más se repiten son las que buscan la implementación sostenible y clara de la fiscalización de los dineros públicos, donde la ciudadanía busca que el fin sea uno solo: efectividad y buen resultado de la inversión, en general.
Ahora, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) de la Región del Biobío anunció que la actual administración del director regional, Daniel Jana, estará marcada por la fiscalización a los organismos locales encargados de capacitaciones. “Queremos un Sence transparente, que invierta sus recursos de $3 mil 500 millones (2022), y que se sepa dónde se van a invertir”, dijo Daniel Jana a Diario Concepción.
“Quiero hacer un plan de fiscalización nuevo. Uno que fiscalice que los organismos que están capacitando a personas (Otec, fundaciones, etc) entreguen efectivamente lo que corresponde”, dijo también Jana, agregando que “tenemos un rol: asegurarnos que están entregando el curso con la calidad y condiciones en los lugares geográficos y físicos que corresponde, con los materiales adecuados, y que así los alumnos reciban una educación de calidad. Que cuando se certifiquen estén totalmente preparados. El rol del Sence es supervisar todo esto”.
“Existe un equipo. Lo que se necesita hacer es un plan aterrizado a nuestra Región. Hay una planificación de fiscalización a nivel nacional. Hay supervisores pero lo que necesitamos hacer es una modalidad de tarea. La capacitación no es gratis, no la paga el alumno, pero la paga el Estado y vale mucha plata. La paga el ciudadano con sus impuestos”, detalló también la autoridad sobre cómo se proyectan estas labores.
Esto es una buena señal sobre vocación para implementar la fiscalización de los recursos del Estado, sobre todo cuando el destino trata de terceros que se harán cargo de programas en beneficio de la población. Una señal que debería ser compartida y repetida por más instituciones gubernamentales, y de otros poderes y estamentos autónomos del Estado.