La ciudadanía, poder público, academia, representantes de la sociedad civil, sector privado: todos están llamados a buscar respuestas eficientes y con mirada estratégica para los desafíos vinculados a la gestión del agua en Chile.
El miércoles 22 se celebró el Día Mundial del Agua, efeméride creada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1992 con el propósito de “crear conciencia e inspirar acciones para abordar la crisis mundial del agua y el saneamiento”, según los textos oficiales. Las cifras de la ONU informan que alrededor de 2 mil millones de personas viven sin acceso al agua potable. Es decir, lejos de ser una “crisis hídrica”, es un problema estructural para muchos países.
En Chile, es una materia recurrente en los debates públicos e investigaciones académicas. Como territorio de larga extensión, el país aloja realidades disímiles: escasez en las zonas del norte y central, y mayor abundancia en las regiones más al sur. Pero en ambas realidades hay algo transversal, advierten los especialistas: una deficiente institucionalidad en materias de gestión del agua. Tanto en aspectos legislativos como en participación ciudadana en las definiciones normativas.
Ocurre que Chile combina un territorio con grandes diferencias junto a una institucionalidad dispersa y altamente centralizada. El país carece de una entidad nacional con capacidad para anticiparse a las emergencias hídricas y liderar los esfuerzos relacionados con el cambio climático o la degradación de ecosistemas generados por acciones humanas. La sobreexplotación de aguas superficiales y subterráneas es una realidad tanto en zonas urbanas como en el campo. En simples, las soluciones para las emergencias hídricas exigen el abandono de visiones que encasillan el problema bajo el paraguas “cambio climático”.
Hay avances, hay que reconocerlo, en materia legal e institucionalidad. Uno de ellos es la creación de los Consejos de Cuencas, organismo destinado a aglutinar esfuerzos públicos y privados para administrar de la mejor forma posible el recurso agua. Es una forma de gobernanza desde las cuencas hídricas, entregando así el protagonismo a los territorios. La ciudadanía, poder público, academia, representantes de la sociedad civil, sector privado: todos están llamados a buscar respuestas eficientes y con mirada estratégica para los desafíos vinculados a la gestión del agua en Chile.
Biobío cuenta con el ejemplo del Lago Laja, en que un acuerdo entre distintos actores ha permitido avanzar en la recuperación de la cuenca. Es lo que el país requiere y necesita.