Alza en planes de Isapres

Una vez más queda la sensación de que no existe mayor interés por querer respetar los lineamientos que establecen, en el trabajo global, las instituciones del Estado.

Al alza de las primas de las Isapres se ha hecho sistemática durante los últimos años, al igual que la natural molestia por parte de los usuarios. Ahora, los últimos reportes del Poder Judicial dan cuenta que en la Región del Biobío van cerca de 62 mil ingresos de causas vinculadas a estos incrementos.

De hecho, a octubre del año pasado habían ingresado 14.000 recursos aproximadamente. Se trata de causas masivas sobre aplicación de tabla de factores, primera y segunda alza de plan base y GES (Garantías Explícitas en Salud). Joaquín Undurraga, abogado experto en materia de alza de Isapres y Fonasa, dijo a Diario Concepción que actualmente existen varias barreras que impiden llevar con el éxito que se requieren las causas tramitadas.

“La verdad es que estamos atados de manos porque primero, la vía judicial que debiese ocupar en este caso es la Ley del Consumidor, pero no me pregunten por qué esta normativa exime a las Isapres a través de una excepción en la ley que permite reclamar por esa vía”, explicó el abogado. Para el jurista, de estar contempladas las Isapres en la Ley del Consumidor, implicaría que tuvieran que responder con multas que son consideradas altísimas. En cuanto a los trámites de la Superintendencia, Joaquín Undurraga dijo que “es un ente administrativo que se demora 8 meses en fallar, entonces puede llegar a costarle la vida a una persona”, enfatizó. Todo lo anterior abre las interrogantes evidentes y justas.

Lo primero: ¿Cómo las Isapres siguen realizando alzas unilaterales cuando durante años esto ha tenido como efecto en contra la judicialización? Además: ¿ya pasó el tiempo en que las mismas Isapres advertían de una eventual desaparición, en la antesala de un fallo de la Corte Suprema con el que se anulaba un alza de los planes en un 7,6%? Una vez más queda la sensación de que no existe mayor interés por querer respetar los lineamientos que establecen, en el trabajo global, las instituciones del Estado.

Desde la propia justicia pasando por otras entidades como las superintendencia del sector, o los propios llamados de otras instituciones civiles como los colegios profesionales. ¿Quién encontrará solución para este problema? Es la otra gran interrogante.