Ya es recurrente que en esta época del año las instituciones comiencen a evaluar y coordinar trabajos frente a lo que será una postal típica y poco amable: los incendios forestales.

Un escenario que en los últimos seis años, aproximadamente, se ha acrecentado durante el periodo estival, donde su desarrollo y consecuencias, incluso, han acaparado la atención de los medios internacionales por el tamaño de los daños.

Por eso, distintas municipalidades de la Región del Biobío se están preparando para enfrentar la problemática que hasta el momento, período 2022-2023, contabiliza un total de 48 incendios forestales en la Región, 21 más que los de la temporada anterior, que suman 38.18 hectáreas afectadas, 6,87 más que las del período anterior.

En el caso de Penco, por ejemplo, cuenta con planes específicos para prevenir los incendios forestales, que incluyen, según explicó Esteban Llanos, encargado de Emergencia del municipio, coordinaciones con las forestales que tienen plantaciones de pino y eucaliptos en la zona, además de Puerto Lirquén y Conaf, trabajo de mantención de cortafuegos en zonas de interfase, que hasta el momento contempla 18 de los 25 kilómetros existentes en la comuna.

Con la red de prevención de incendios forestales trabajan con sectores como Lirquén, Lord Cochrane, Villa Alegre, Bellavista y Primer Agua “que son los más complicados en cuanto a incendios forestales por la superficie que involucran y la cercanía a la población”, detalló Llanos.

O la situación de Santa Juana, donde cada año se desarrolla un programa de protección, en conjunto con las empresas que están en la comuna, Conaf y todos los estamentos involucrados. Según la alcaldesa Ana Albornoz, es necesario que la comuna cuente con una brigada permanente de Conaf en la zona. “Tenemos internados para alojarlos, necesitamos un compromiso con la comuna para evitar, debido a las grandes plantaciones existentes, nuevos incendios”, dijo la jefa comunal.

Lo que muestra Penco y Santa Juana es solo un ejemplo de las acciones que deberían seguir todas las instituciones públicas y privadas con intereses en el entorno y en la calidad y protección de los vecinos. Una actitud proactiva necesaria, sobre todo en tiempos en que el factor incendio aumenta con mucha más fuerza en un contexto de sequía y temperaturas alteradas frente a lo normal, producto del cambio climático.