Reciente reportaje publicado por Diario Concepción dio cuenta de una situación que podría constituirse en una irregularidad. De acuerdo con la información obtenida por este medio y con el testimonio de varios alcaldes del Gran Concepción, los empresarios del transporte colectivo recibieron del Ministerio de Transporte más de siete mil millones de pesos en compensación por no aumentar las tarifas. Ello debido al término del subsidio por $90 que se encontraba vigente desde noviembre de 2019.

Ocurre que el traspaso de siete mil millones de pesos fue calculado basándose en 1.928 buses en circulación. Al parecer, la flota actual en circulación no alcanza ese número. En simples, se estaría entregando recursos públicos para un servicio que no cumple con lo estipulado.

El propio gremio microbusero reconoció hace algunos días que, por falta de choferes, solo el 70% de la flota estaba rodando por las calles. Días después, el presidente de la entidad, Alejandro Riquelme, matizó las declaraciones y aseguró que las 1.400 máquinas que se encuentran actualmente en la calle corresponde al total de la flota habitual. El 30% que faltaría “es la sobreflota que nosotros debemos informar al Ministerio”, sostuvo el dirigente del gremio.

Desde la autoridad de Transporte se confirmó que el subsidio que ya fue cancelado a los operadores, de manera anticipada y advirtió que “sólo se pagarán nuevos recursos a los operadores luego de realizar el cruce entre el monto ya pagado, la operación efectiva de los recorridos, datos capturados a través de GPS y la variación real futura que tengan los indicadores que componen el polinomio”.

Para los alcaldes de las distintas comunas que se han manifestado sobre la materia, las cuentas no cuadran con lo que se percibe en las calles. La percepción es de que hay una menor cantidad de máquinas en los recorridos. La misma percepción comunicada por parlamentarios de la zona.

En una materia de gran importancia para la ciudadanía y con tantas aristas y opiniones que no coinciden, se hace necesaria una investigación por parte de la autoridad sectorial para así definir si procede o no la devolución del subsidio.