El uso de la violencia como herramienta para hacer prevalecer una visión de mundo no es propio de la democracia. No se trata de defender una u otra autoridad de turno, de un gobierno u otro.
En una reunión sobre la propuesta de un proyecto energético una persona lanza insultos y luego una botella plástica hacia el gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz. En una actividad de la ministra Izkia Siches en Temucuicui se escuchan disparos de pistola y ráfagas de ametralladora. Los disparos interrumpieron la actividad y la secretaria de Estado tuvo que salir del lugar escoltada por Carabineros. Hace alrededor de dos meses una mujer agredió a una carabinera y a un funcionario de la salud en punto de vacunación en Osorno. En 2021, en las Condes, asistentes a un matrimonio agreden al fiscalizador que buscaba hacer respetar el aforo establecido por la contingencia sanitaria. También el año pasado el país se enteró de ataques y hasta golpizas a convencionales, a seremis y fiscalizadores de servicios del Estado. Esta semana también hubo una lamentable agresión a un convencional.
Todas estas situaciones tienen un elemento común: el uso de alguna forma de violencia contra una autoridad. Se entiende las justas aspiraciones de cada ciudadano y ciudadana y su derecho de no coincidir con las opiniones de la autoridad de turno. Pero el uso de la violencia como herramienta para hacer prevalecer una visión de mundo no es propio de la democracia. Al revés: atenta contra la sana convivencia, contra la facultad de todas y todos de vivir con seguridad y es una vulneración a derechos fundamentales. No se trata de defender una u otra autoridad de turno, de un gobierno u otro: trata de no permitir ni disculpar ni justificar la violencia.
No solo en debates y altercados con autoridades ante proyectos y visiones de país, sino que en todos los ámbitos. Todos los días la ciudadanía se entera de un nuevo caso de violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer, de acoso en el trabajo y en establecimientos educacionales. Aceptar la violencia en el seno familiar es un primer paso para verla expresada en otras esferas de la vida en sociedad. No denunciarla, por acción u omisión, contribuye a las malas prácticas que la ciudadanía desea ver erradicada. Los recientes casos que involucran a autoridades de gobierno nacionales y regionales exigen un posicionamiento claro y sin titubeos. De las propias autoridades, de quienes ostentan cargos de representación política, de toda la ciudadanía.