El debate para el perfeccionamiento de la actual ley ofrece la oportunidad para que las empresas se planteen qué es realmente la inclusión.
Hoy expira el plazo para que el Senado y el Ejecutivo presenten indicaciones al proyecto que introduce modificaciones al Código del Trabajo en materia de inclusión laboral, es decir, para personas con discapacidad y asignatarias de pensión de invalidez.
La ley actual determina que las empresas con 100 o más trabajadores y trabajadoras deberán contratar al menos el 1% de personas con alguna discapacidad. Entre otras iniciativas, el proyecto en discusión propone aumentar, para el año 2025, al 2% la contratación de personas con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez. La normativa obligaría ese porcentaje tanto para las instituciones públicas como para las medianas y grandes empresas.
Además, el proyecto busca modificar las normas que regulan el ingreso de personas con discapacidad a la administración del Estado, a los municipios y al cargo de asistente de la educación pública. Ello en cuanto al cumplimiento del requisito de haber rendido enseñanza media completa. Para que el Estado pueda fiscalizar el cumplimiento en forma expedita, el proyecto también establece la obligación de la Dirección del Trabajo de mantener un registro público sobre inclusión laboral y de la Dirección Nacional del Servicio Civil de informar anualmente sobre el cumplimiento de la normativa legal por parte de las instituciones públicas.
En simples, el proyecto reconoce que es insuficiente el actual 1% para la contratación de personas con discapacidad. Según las cifras oficiales, la norma actual ha permitido que más de 26 mil personas se hayan incorporado al mundo del trabajo regular. A todas luces es insuficiente, considerando que más de 2 millones 600 mil personas en edad de trabajar tienen algún tipo de discapacidad en Chile.
El debate para el perfeccionamiento de la actual ley ofrece la oportunidad para que las empresas se planteen qué es realmente la inclusión. Contratar el 1% que obliga la ley no convierte a una empresa u organización en inclusiva. La inclusión exige un abordaje transversal y por ello es necesario seguir trabajando en esa materia.