Protección de los derechos de los consumidores

Los altos y peligrosos niveles de sobreendeudamiento con las casas comerciales entregan justificadas razones para legislar sobre la materia.

Está a un paso de convertirse en ley el proyecto que establece medidas de incentivo a la protección de los derechos de los consumidores e incorpora obligaciones para los proveedores de bienes y servicios. La iniciativa fue ingresada por el Gobierno en enero de 2019, fue aprobada en todos sus trámites, pero los mismos congresistas piden veto presidencial a la ley que “establece medidas para incentivar la protección de los derechos de los consumidores”.

La polémica — que ha causado mayor preocupación en la banca y retail — se ha generado por el artículo que prohíbe al comercio efectuar descuentos cuando el pago se verifica con medios de pago propios del proveedor. Los gremios del comercio han insistido que, al prohibir los descuentos asociados a las tarjetas de crédito de las casas comerciales, la norma aprobada privará a los consumidores de mecanismos que mejoren su acceso a productos y servicios a menores costos.

El espíritu de la ley, sin embargo, busca subsanar los vacíos legales que facilitan la vulnerabilidad de los derechos de los consumidores, dada la consabida asimetría de condiciones entre las partes involucradas. En el caso de las tarjetas de las casas comerciales, es notorio que los descuentos ofrecidos están asociados a diversos cobros de tasas de mantención e intereses que los consumidores suelen desconocer.
Es evidente que la normativa puede ser perfeccionada. Como también es patente que muchas veces los consumidores están en desventaja y que es necesario establecer normas que eviten abusos. Los altos y peligrosos niveles de sobreendeudamiento con el retail entregan justificadas razones para legislar sobre la materia.

La normativa aprobada por el Senado es amplia y propone una serie de nuevas obligaciones a proveedores de distintos mercados, como el financiero y aeronáutico, entre otros, e incorpora facultades fiscalizadoras del Sernac y acciones colectivas en materia de protección de datos personales. A la vez, se busca una regulación del derecho a retracto en compras celebradas por medios electrónicos, de los contratos de adhesión, amplia los derechos del consumidor financiero, modifica reglamentos referidos a la garantía legal y una serie de otras modificaciones que representan cambios significativos en los procesos de comercialización de productos y servicios. El vínculo entre consumidores y proveedores está en constante evolución. y por ende es necesario actualizar y mejorar la regulación legal. El proyecto no es perfecto, pero, en su conjunto, realiza una serie de aportes sustantivos en esa dirección.