Después de una década de análisis, modificaciones y trámites en diversas instancias, el Senado podría votar hoy la necesaria reforma al Código de Aguas. El proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados en 2016 y luego fue tramitado en las comisiones de Recursos Hídricos, Agricultura y Constitución de la Cámara Alta. El proyecto de ley está en la tabla de la sesión de hoy, con hora prevista para las 16 horas.

El actual Código de Aguas está vigente desde 1980 y los especialistas han reiterado que la realidad de hace 40 años dista mucho de la actual. Es necesario actualizar ese cuerpo legal dado que, por ejemplo, hace 4 décadas había más agua en nuestras cuencas para asumir las actividades económicas de sectores mineros, forestales, industriales, acuícolas, agrícolas, entre otros. En Biobío, investigadores del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y Minería y el Centro Eula enfatizan que la política extractiva sin límites está generando la degradación del entorno, en muchos lugares a niveles casi irreversibles. En una columna publicada en Diario Concepción, Alejandra Stehr, Verónica Delgado y José Luis Arumi señalaron que la degradación del medio ambiente se debe a “la sobreexplotación y contaminación, situaciones agravadas por los efectos del cambio climático que nos hacen estar dentro de los diez países más vulnerables a la sequía, las inundaciones, los megaincendios”.

El proyecto de ley a ser analizado — hoy se vota en general, luego se definira el plazo para indicaciones — debería aprobar una mirada ambiental, de protección de un recurso que no es infinito. El actual proyecto establece que las aguas son bienes públicos, consagra que el derecho humano al agua debe ser garantizado por el Estado y establece prioridades de uso para el consumo humano y saneamiento, para actividades de subsistencia y la protección de las fuentes, por sobre el uso productivo con fines de lucro. Reconoce, asimismo, las aguas ancestrales de los pueblos indígenas. Además, exige caudales ecológicos y prohíbe entregar derechos en glaciares y protege los servicios sanitarios rurales, comunidades agrícolas, campesinos Indap, comunidades indígenas y áreas protegidas, entre otras materias. Quienes no disponen de agua saben lo que significa la ausencia de ese recurso. Que lo digan los habitantes de las distintas comunas que todavía reciben agua en camiones aljibe, tal como muestra el reportaje publicado en la página 6 de esta edición.