Entre los países de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Chile tiene la población que menos confía en su Gobierno. Así lo demuestra el informe bienal sobre gobiernos y administración (Government at a Glance 2021) publicado por la OCDE el viernes y que muestra una tendencia cuesta abajo desde 2007. En ese año, la confianza en el Gobierno alcanzaba el 43%, pero llegó a un 15% el pasado 2020. Entre los peores posicionados en confianza también figuran Costa Rica (28%), Colombia (37%) y España (38%). Los mejores del ranking son Luxemburgo (78%), Finlandia (81%), Alemania (65%) e Islandia (59%).

En Chile el deterioro de la confianza en el Gobierno quizás sea una realidad que se replica en otros ámbitos, de carácter político, económico y social. La desconfianza podría minar la legitimidad de las instituciones, reducir la participación política y la posibilidad para llegar a acuerdos. Investigadores han planteado que existe una estrecha relación entre confianza y participación política y que la baja participación en los procesos electorales es un síntoma de lo anterior. La desconfianza en el Gobierno también afecta la percepción sobre la distribución de los recursos públicos y a mayor desconfianza, mayor nivel de escepticismo de que los gastos públicos son realizados de forma eficiente. Según una encuesta realizada por Latinobarómetro (2016-2017) en 28 naciones de América Latina y Caribe, Chile ocupa el segundo lugar con mayor desconfianza en los partidos políticos. Otros estudios han revelado que Chile se ubica dentro del 30% de los países con menor confianza social del mundo. Es decir, si bien Chile ha ocupado un lugar de vanguardia en los índices de democracia y estabilidad, la confianza de los ciudadanos en el Gobierno y otras instituciones del sistema político se ha deteriorado.

Desde la OCDE señalan que las respuestas a la pandemia probablemente hayan mermado la confianza y la transparencia entre los gobiernos y sus ciudadanos y por ello será decisivo en los próximos períodos “impulsar la confianza y la transparencia y reforzar la democracia”. La tarea incluye el fortalecimiento de la representación y la participación a través de una gobernanza inclusiva. Además, recomienda el informe, que el Gobierno deberá “aprender a gastar mejor”, asegurando que la prioridad esté en quienes más necesitan.