Para que una persona o empresa pueda obtener financiamiento es imperioso promover reestructuraciones de pasivos antes que liquidaciones. Una liquidación se traduce en un portazo para la obtención de crédito con la banca.
La Región del Biobío ocupó durante el 2020 el segundo lugar nacional en quiebras de empresas y personas. Sobreendeudamiento, contingencias familiares y enfermedad de un cercano, y los impactos de la crisis sanitaria fueron los principales factores que llevaron a la quiebra. Pese a que desde 2014 existe una institucionalidad creada para apoyar a personas naturales y jurídicas que se encuentran en situación crítica -la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento- todavía hay aspectos a perfeccionar en la normativa.
Tomemos el caso de las empresas. Uno de los principales obstáculos es el dinero que se requiere para poder iniciar la reorganización: alrededor de $ 8 millones, sin considerar los honorarios para asesoría jurídica y auditoría. Otro aspecto negativo es la duración de los procesos de reorganización, que deberían durar no más de 12 meses, pero que en la práctica tardan 24 y hasta 36 meses.
En el caso de las personas naturales endeudas, también hay modificaciones que deberían ser tomadas en cuenta en una posible actualización de la normativa. Por ejemplo, hay casos particulares en que la ley de quiebras los clasifica como si fueran empresas deudoras. Una persona que emite boletas automáticamente es considerada como una empresa, con lo cual pierde facilidades que entregan los tribunales a las personas naturales.
Todo lo anterior, que es solamente una pincelada de un cuadro más amplio, refuerza la necesidad de modernizar la ley de Insolvencia y Reemprendimiento. De hecho, ya tramita en el Congreso un proyecto que busca modernizar la ley. Dado el actual escenario, es forzoso agilizar y simplificar aspectos burocráticos de los procedimientos actuales, como también crear procedimientos simplificados de rápida tramitación y bajos costos de administración para las personas y las micro y pequeñas empresas. Además, para que una persona o empresa pueda obtener financiamiento es imperioso promover reestructuraciones de pasivos antes que liquidaciones. En muchos casos una liquidación se traduce en un portazo para la obtención de crédito con la banca. Y, nunca está demás repetirlo, la normativa debe diferenciar entre una gran empresa y una Pyme, puesto que las dos tienen distintas herramientas y condiciones para enfrentar el proceso de reemprendimiento o liquidación.