El derecho de niñas, niños y adolescentes a estudiar

El país carece de una política integral que aborde la materia desde la prevención de la deserción escolar, que evite la exclusión educativa y, en caso que esta ocurra, que permita entregar respuestas en forma rápida.

Los números difieren dependiendo de la fuente, pero hay relativo consenso de que alrededor de 180 mil niños, niñas y adolescentes están fuera del sistema educativo en Chile. Se proyecta, además, que podrían sumarse otros 80 mil a causa de la pandemia. Es decir, se teme un aumento de la deserción escolar por temas de vulnerabilidad, por falta de acceso a las clases vía internet u otras razones.

Una de las soluciones presentadas, y que ha ganado mayor apoyo, es la creación de una modalidad educativa de “Escuelas de Reingreso” o “Segunda Oportunidad”. La iniciativa, impulsada por la Fundación Súmate y que cuenta con el apoyo de varias municipalidades del país, contempla un aumento de $10 mil millones al presupuesto anual de educación, apunta a contar con financiamiento estable para una red de escuelas especializadas. El objetivo de estas instituciones es brindar espacios y alternativas flexibles para la reinserción de niños, niñas y adolescentes que, por razones varias, están fuera del sistema escolar.

Por cierto, esta medida o modelo para abordar la exclusión educativa no es la solución final. Está demostrado que si las respuestas a esa exclusión educativa se concentran sólo en la reinserción a las aulas, hay incentivos para la generación de efectos no deseados, como la segregación de ese modelo y el traspaso de estudiantes en riesgo que podrían estar en el sistema educativo regular. Sin embargo, la gran cantidad de estudiantes excluidos del sistema exige una institucionalidad orientada a restituir el derecho a la educación que actúe como una alternativa educativa pertinente a niñas, niños y adolescentes, en lugar de la educación de adultos a que muchas veces son destinados. Esa posición es avalada por la Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), la que fue respaldada ante la Comisión de Educación de la Cámara en agosto de 2019.

Otras iniciativas serán necesarias para abordar esa compleja realidad de la deserción escolar. El país carece de una política integral que aborde la materia desde la prevención de la deserción escolar, que evite la exclusión educativa y, en caso que esta ocurra, que permita entregar respuestas en forma rápida. La posibilidad de reingreso y reinserción, con estándares de calidad y con recursos financieros garantizados, permite entregar a los y las excluidas de la educación proyectar su futuro educacional y profesional, incluyendo la posibilidad de acceder a instituciones de educación superior.