El anunciado desastre en los mercados de capitales jamás ocurrió. También se ha destruido el mito de que el retiro del 10% se traduciría en una merma significativa para los futuros pensionados.
Hasta el jueves 27, las siete administradoras de fondos de pensiones de Chile entregaron un poco más de 11.288 millones de dólares a los cotizantes, cumpliendo la ley que permite el retiro de hasta 10% de sus ahorros. La cifra fue recabada por la Superintendencia de Pensiones (www.spensiones.cl), y corresponde a la primera cuota de pagos. El proceso para el retiro comenzó en 30 de julio, es decir: en los 29 días de vigencia, se inyectó una cantidad importante de liquidez a la economía chilena, bastante desmejorada por los efectos socioeconómicos provocados por el coronavirus. Los datos de la Superintendencia informan que más de 9 millones 301 mil afiliados y beneficiarios han ingresado sus solicitudes de retiro desde sus cuentas de capitalización individual.
Confrontar estos números con la evolución de la economía permite a un observador extraer algunas interesantes conclusiones. La primera es que la anunciada debacle en los mercados de capitales jamás ocurrió. Las advertencias indicaban que un retiro masivo de los ahorros haría desmoronar las bolsas de valores, lo que impactaría en forma directa a los fondos de pensiones. Al 27 de agosto, el 85% del total de afiliados y afiliadas al sistema de pensiones ha solicitado el retiro de sus fondos, y el impacto bursátil ha sido, a lo sumo, marginal.
El fenómeno también ha destruido otro mito: que el retiro se traduciría en una merma muy significativa a los futuros pensionados. Quedó matemáticamente demostrado que las disminuciones en la pensión tendrán una variación promedio que no va superar los $20.520 en el caso de los hombres y $15.502 para las mujeres, calculados a junio de 2020.
Todo el debate previo a la aprobación de la ley que ha permitido el retiro de los ahorros puso en evidencia, una vez más, el rol de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
El resultado de esa discusión se refleja en la encuesta Cadem: un 71 por ciento de los encuestados dijo ser favorable a la creación de una AFP estatal para instalar mayor competencia en ese mercado. Según el sondeo, el 54% de los consultados aseguró que si existiera una AFP estatal, se cambiaría de su actual administradora. Es probable que esa polémica materia siga en la agenda nacional en los próximos meses y avance para 2021, con Plebiscito de por medio y una serie de elecciones a cargos públicos.