Equidad en los costos de la pandemia
17 de Abril 2020 | Publicado por: Editorial Diario Concepción
La Ley deja márgenes amplios para uso discrecional. Sería conveniente, para suspender la relación laboral, que las grandes empresas fueran incentivadas a demostrar que los daños de la crisis son irreversibles.
El 6 de abril entró en vigencia la Ley de Protección del Empleo, iniciativa que busca proteger “los ingresos y la relación laboral de los trabajadores cuando los actos de la autoridad, como cuarentenas o cierres de empresas, impidan al trabajador prestar sus servicios”.
De acuerdo con el Gobierno, la Ley beneficiará a 4,7 millones de personas, con trabajos asalariados formales -con contrato a plazo fijo e indefinido, afiliados al Seguro de Cesantía. Además, la normativa permite que 200 mil trabajadores de casa particular accedan al beneficio, con cargo a su fondo de indemnización y tiene efecto “retroactivo” al 18 de marzo de 2020.
En Bío Bío, la primera organización en hacer pública su decisión de acogerse a Ley fue Ymca, entregando a más de 60 trabajadores la opción de recibir el Seguro de Cesantía. Según informó la empresa, “El cese de funciones no es una desvinculación, es un estado transitorio” y responde a la reducción de los ingresos debido a la emergencia sanitaria. Lo más probable es que otras empresas de la Región, que vean mermadas las ventas y su capacidad productiva, se acojan a esta Ley creada para proteger a las empresas de menor tamaño y a los trabajadores y trabajadoras.
Las grandes empresas también se han incorporado a la normativa. La cadena La Polar suspendió la relación laboral con más de 1300 de sus funcionarios sindicalizados. Según información oficial, La Polar mantiene 23 de sus tiendas cerradas en todo el país a raíz de la pandemia del coronavirus. Siguen esa práctica otras grandes cadenas, como Burger King, Chili’s, Starbucks, H&M y Corona.
El espíritu de la ley va en sentido correcto. Pero deja márgenes amplios para uso discrecional. Sería conveniente, para suspender la relación laboral, que las grandes empresas fueran incentivadas a demostrar que los daños de la crisis son irreversibles. En el caso de grandes cadenas con tiendas por todo el país, las ganancias acumuladas todos los años deberían ser un soporte para la continuidad como empresa. Se espera entonces que la Ley no sea utilizada únicamente para proteger a los inversionistas, para que no tengan que asumir costos de esta crisis. Ese es precisamente el punto: una distribución más equitativa de los costos de esta pandemia.