Se podrá o no estar de acuerdo con las ideas del otro, pero el sentido común y el profundo sentimiento democrático exige, más que desacreditar desde los gritos al adversario, pensar y actuar de acuerdo con el bien común que se persigue desde siempre con el sano ejercicio de la política en la práctica.
Todo el país ha debido enfrentar, desde distintos ángulos, repercusiones y esperanzas en el contexto del estallido social que se produjo y se ha continuado manifestando, durante los últimos dos meses, en muchas ciudades del país. Indudablemente, lo que ha ocurrido y los efectos insospechados como consecuencia de una amplia y masiva protesta ciudadana no ha dejado indiferente a nadie.
La protesta social ha puesto de relieve tres décadas en las cuales las distintas administraciones de gobierno y los principales poderes políticos del país profundizaron las diferencias sociales entre las personas que conforman la nación, así como diseñaron e implementaron nocivos acuerdos e iniciativas en ámbitos de impacto social profundamente sensibles, como la educación, la salud, las pensiones, la seguridad, el medioambiente, la regulación del mercado, la justicia, etc. Prestaciones de mala calidad, onerosas, indignas, abusivas, así como colusión, descuido ambiental, justicia parcial corresponden a realidades duramente experimentadas por millones de compatriotas, sobre todo entre aquellos más desposeídos.
Desde el punto de vista político, todo lo anterior se sostuvo, entre otras situaciones, en un sistema electoral binominal que aseguró la representación permanente y rotativa de dos grandes sectores partidarios, relacionados con la centro-derecha y la centro-izquierda, alternancia y efectos político-sociales que hicieron sentido con los versos del poeta Nicanor Parra, quien a principio de los años 90 escribía “la derecha y la izquierda unidas jamás serán vencidas”.
Es importante marcar este fenómeno político-social, pues de una u otra forma, todas y todos somos responsables de lo que ha ocurrido en el país. En efecto, a la luz de los años y de los principales reclamos y demandas ciudadanas, es necesario establecer la responsabilidad en quienes optaban por estos referentes partidarios, así como en los millones de personas que no querían ejercer su primer deber ciudadano: votar.
Es en este marco donde surge, en el último tiempo, la intolerancia de las personas que no exploran el diálogo y la confrontación de las ideas para conseguir sus propósitos, establecer sus convicciones o lograr adhesión a sus propuestas.
Se podrá o no estar de acuerdo con las ideas del otro, pero el sentido común y el profundo sentimiento democrático exige, más que desacreditar desde los gritos al adversario, pensar y actuar de acuerdo con el bien común que se persigue desde siempre con el sano ejercicio de la política en la práctica. La intolerancia se califica con mayor gravedad cuando es aplicada a representantes que, desde sus cargos, muestran disposición al servicio público.
Los meses que se vienen en el siguiente año serán en extremo complejos. Existe la posibilidad cierta de enmendar, entre todos y todas, el rumbo de la historia de Chile. Sin embargo, para avanzar hacia un país con justicia social en todos sus ámbitos, es requisito sine qua non empezar a practicar la tolerancia y el diálogo como las herramientas más fundamentales para el reencuentro y la construcción de propuestas ciudadanas. Solo de esta forma avanzaremos como sociedad en el respeto a la dignidad de las personas y con ello también se garantizará la construcción de una convivencia realmente democrática.