Las crudas realidades en los hogares del Sename

El informe relativo a esta materia de la PDI concluye que el Estado de Chile viola sistemáticamente los derechos de los niños que están bajo su tutela.

Inadvertidamente, como siempre ocurre, frente a otros problemas, aunque sean de indudable importancia, aquellos que afectan a los niños resultan desplazados a los sectores menos visibles del escenario. Ello a pesar de que la nueva información sobre la situación de miles de niños chilenos está descrita como un oprobio intolerable para la sociedad chilena y una negligencia inexcusable del Estado.

Los términos empleados para su descripción no pueden ser más duros. El informe relativo a esta materia de la PDI concluye que el Estado de Chile viola sistemáticamente los derechos de los niños que están bajo su tutela. En efecto, esta es la conclusión de una investigación iniciada en 2017, en 240 de los 241 hogares de menores existentes en nuestro país y que da cuenta de los cerca de 6.500 niños y niñas que el Sename acoge en el sistema de residencias.

Este trabajo incluyó el 100% de los centros que administra el Sename y el 88% de los gestionados por particulares, donde se constataron 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual. Un medio digital capitalino denuncia como agravante de esta situación el que no se haya hecho público este informe entregado a la Fiscalía, con copia al gobierno, en diciembre de 2018.

El mismo documento de la PDI indica que, en el 100% de los centros que dependen directamente del Sename, se han cometido “de manera permanente y sistemática acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes”, y que en un 50% de ellos se han verificado abusos sexuales, ratificando un informe anterior, aunque menos completo, de la ONU, instancia que inspeccionó solo cuatro residencias.

Los 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos contra los niños y niñas constatados por la PDI se desglosan en 432 maltratos por parte de adultos, 1.265 maltratos entre pares, 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos, 123 abusos sexuales cometidos por adultos y 187 abusos sexuales cometidos entre menores, todos estos hechos ocurridos en el año 2017.

Al ser consultado por un medio, el diputado René Saffirio estimó como muy difícil que entre las autoridades que conocieron el informe de la PDI, no esté el Ministro de Justicia, o el Fiscal Nacional, razón por la cual le parece adecuado pedirles la renuncia, debido a la gravedad de los hechos. Dicho de otra forma, el Gobierno debió haber dado a conocer este informe cuando se discutió en el Congreso una inyección de recursos, de alrededor de $10 mil millones, destinada a los hogares de red Sename.

El informe al respecto de la ONU señala al Estado como directamente responsable de las violaciones llevadas a cabo en los Centros de Reparación Especializada de Administración Directa, así como las ocurridas en los organismos colaboradores. “Ello, no solo por falta de supervisión, sino también porque dichos centros (…) deben ser considerados agentes del Estado”. Del mismo modo, concluye que nuestro país ha incumplido la convención en 17 artículos, entre los cuales destacan aquellos que apuntan a la no discriminación; el interés superior del niño; el derecho a la vida, supervivencia y el desarrollo; la no separación de la familia; a la educación; a la protección contra la violencia y contra la explotación y abusos sexuales.

La justa reclamación no más Sename debe ser escuchada. Al menos no más Sename como este, sino otro, el que hace falta, con la cara humana y con el aseguramiento del respeto a los siempre vulnerados derechos de los niños.