Un ex presidente de Chile hizo una recomendación que se transformó en una suerte de sentencia universal, empleada, casi ritualmente, cada vez que alguna situación estaba en estado de desarrollo, como expresión segura y confiada en el orden institucional en tiempos de democracia: “hay que dejar que las instituciones funcionen”.

Así ha venido ocurriendo, las instituciones funcionan, sólo que con señales, desgraciadamente, cada vez más frecuentes, que algo no está funcionando como se debe. Lo que pudo ser una intuición de los más avisados, o los más atentos, un comentario de rutina propio de una ciudadanía informada, se transformó en evidencias crecientes de malas prácticas y la renovada sospecha que hay aún más debajo de las alfombras que permanecen sin ser levantadas.

No es, entonces, sorprendente que el 81% de los chilenos crea que las instituciones están en crisis y que, de estas, la familia política y la iglesia resulten ser las peor evaluadas, efectivamente, en esa categoría se encuentran el Gobierno, el Congreso -senadores y diputados-, el Poder Judicial y Carabineros, según la encuesta de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, conocida recientemente, mientras resultan mejor evaluados, los Bomberos y los profesores.

No es novedad que las instituciones exhiban esta situación, todas las entidades aludidas han estado ocupando espacios reiterados en los medios, con noticias cada vez más preocupantes, con la tendencia a agravarse mientras más se profundiza la investigación de los hechos. La preocupación se debe a la magnitud del deterioro de las cifras, grosso modo; los partidos políticos y senadores con nota roja, 2,1; los diputados con un 2,2; a poca distancia, los ministros con nota 2,5 y los concejales que alcanzan un 2,9. Por su parte, el gobierno presenta un 3,0 y los municipios con un 3,4, también, bajo la nota aprobatoria mínima.

La encuesta revela que de las ramas de las Fuerzas Armadas y Orden Público, los peor evaluados son los Carabineros con un 3,8 y Militares, las tres ramas, con un 3.0; mientras que la PDI logra una aprobación limitada de 4,7. El mundo privado no sale mejor librado; las AFP con un 2,2; los Empresarios con un 2,9 y los Bancos con un 3,3, las Clínicas con un 3,8 y los Supermercados con un 3,7. En el sector aprobatorio se encuentra Bomberos con nota 6.4, seguidos por los Profesores de colegios con 5,1; Profesores universitarios con 5,0; Médicos con un 4,9%; Ecologistas con un 4,5%.

Sin embargo, a pesar de lo repetido de esta tendencia, que se acentúa, la mal llamada clase política no presta atención y sigue viviendo en su realidad paralela, las otras entidades con malas notas al menos han dado indicios de estar haciendo algo para restituir confianzas. La explicación para este fenómeno es posiblemente la falta de penalización o castigo, los políticos siguen en sus trayectorias que les ha permitido establecerse por períodos sucesivos, incluso con prolongaciones nepóticas, sencillamente porque siguen teniendo electores.

Nos está faltando consecuencia, la brecha creciente entre lo que la gente espera y las metas de los que han sido elegidos para representarla, no ha sido suficiente para cambiar las cosas. Los recién llegados a ese mundo tienen la posibilidad de mejorar la manera como se sostiene nuestra democracia, hay que elegirlos bien, para que puedan robustecerla, ponerla a prueba de aventuras.