La Superintendencia de Educación ha hecho pública la información sobre actos de violencia en los establecimientos educacionales chilenos, datos duros y de bajo perfil, es decir, no conectados con al menos una indignada preocupación, aunque, por supuesto, no es ese el papel de los datos estadísticos. Según sus cifras, los episodios de este tipo registraron en 2018 la mayor cantidad de denuncias en incidentes publicados por la entidad: un total de 267 casos -sobre un total de 200 días, equivalentes a las 40 semanas que tiene un año escolar-, lo que representa un 62% de aumento en comparación a 2014.

En términos generales, los profesores denuncian al menos una agresión al día de parte de alumnos o apoderados, los casos evidencian progresiva alza durante los últimos años, desde marzo a abril de este año, hay 37 denuncias formales en igual número de días de clases. Según la Superintendencia, si se suma el total de casos de violencia contra docentes de los últimos cinco años, hay acumuladas 1.035 denuncias de maltrato. De acuerdo a sus registros, en 2018 la Región Metropolitana encabezó este tipo de denuncias, con 130 casos, le siguieron las regiones de Bío Bío con 31, Valparaíso 22 y Los Lagos 13.

Estos datos no consideran la “cifra negra” de agresiones que quedan en silencio, porque los profesores justifican las situaciones, atribuyéndolas al cansancio de los estudiantes, a la personalidad del niño agresor, o a situaciones negativas en sus hogares, al intuir eventuales conflictos familiares. El resultado neto de esta actitud es un cifra desconocida y oculta, que impide evaluar la situación en toda su magnitud.

La ministra de Educación, Marcela Cubillos, llamó a enfrentar esta contingencia. “No podemos tolerar que más docentes y asistentes sufran agresiones en sus lugares de trabajo y mientras educan a nuestros niños. Por eso, impulsamos la Ley Aula Segura, para que los directores puedan tener más y mejores herramientas para protegerlos”.

Sin embargo, los recientes hechos de violencia al interior del Liceo Darío Salas en Santiago y el Liceo Enrique Molina de nuestra ciudad evidencian una separación inaceptable entre los hechos y los dichos, los procesos, las modalidades, las consecuencias, no están en absoluto claros, salvo unos pocos casos emblemáticos, como la agresión sufrida por una profesora de educación diferencial de Punta Arenas, por un apoderado que le causó fracturas graves en los dedos, que resultó en condena del agresor a una pena de 300 días de presidio menor, o la de un profesor que afronta con gran temor los días posteriores a la golpiza que le propinó una turba de jóvenes de su colegio.

Otros hechos violentos, agresión a profesores y personal de los colegios, con destrucción de bienes, ante los cuales las instituciones actuaron expulsando alumnos, resultaron en litigios que terminaron anulando las medidas, con la consecuente pérdida de autoridad o credibilidad de los directores escolares, un resultado en exacto sentido contrario a lo que se buscaba.

Resulta evidente que falta trabajo colaborativo para normar la actitud frente a la violencia escolar, mientras se encuentra y corrige sus causas, tiene que haber consenso entre todos los actores de la situación escolar, la gran mayoría de ellos quiere un aula segura, pero no a cualquier costo, se espera una la ley que resulte factible de aplicar, no letra fácilmente muerta.