Ausencia de normativa para la protección de humedales

La ciudad ha reducido casi a la mitad la superficie de sus humedales, al ser rellenados para la instalación de viviendas e industrias, generando consecuencias negativas, tanto para la biodiversidad como para el desarrollo urbano.

La demanda ciudadana por la protección de los humedales ha surgido nuevamente y volverá a hacerse presente todas las veces que sea necesario ante la aparente inocuidad de las medidas que se emplean para protegerlos, por no mencionar la ausencia de interés por hacer las cosas bien, manejando legislaciones convenientemente permeables, por donde se pueden infiltrar rentables proyectos inmobiliarios, con mayor capacidad de presión, ya que de no ser así, este tema estaría ya zanjado.

No es suficiente, ni por cerca, el argumento de la necesidad de contar con espacios para la construcción de viviendas, es sencillamente, aunque se utilice la prosa más florida o el lenguaje más técnico, una conveniente y redituable oportunidad de negocios, indiferente a la calidad de vida de las personas y a la salud del planeta.

No sería de otro modo explicable que no se termine de entender que los humedales son considerados como uno de los ecosistemas más importantes del planeta, al ser fuentes de una extraordinaria diversidad biológica, aportando el agua y la productividad primaria necesaria para determinar la supervivencia de innumerables especies vegetales y animales, y entre ellos, la vida humana. Sirven como reservorio de agua y atenúan inundaciones esporádicas y, al mismo tiempo, debido al tipo de plantas que se reproducen en ellos, actúan como depuradores naturales de agua dulce, aportando oxígeno y absorbiendo contaminantes. En efecto, los humedales son capaces de capturar más CO2 que las selvas.

Por siglos, los habitantes de nuestro país han ubicado su residencia en torno a estos espacios, ya que en ellos han encontrado agua fresca, alimentos o lugares para crianza de animales domésticos, pesca o caza. La mayoría de nuestras ciudades y pueblos se encuentra en la franja costera de nuestro país, a orilla de ríos o esteros o en su desembocadura. Sin embargo, los humedales son áreas escasamente protegidas por el ordenamiento jurídico, lo que ha generado que en nuestro país muchos de ellos hayan sido eliminados y otros se encuentren en deficiente estado de conservación o bajo amenaza cercana. Sólo en el Concepción Metropolitano, la superficie de humedales se ha reducido aproximadamente a la mitad al ser rellenados, principalmente para la instalación de viviendas e industrias, generando consecuencias negativas, tanto para la biodiversidad como para el desarrollo urbano.

Solamente tres comunas en Chile: Santo Domingo, Coronel -que hace 15 años poseía 56 humedales, de los cuales hoy sólo quedan 6- y Curarrehue son las únicas que poseen una ordenanza vigente para la protección de los humedales, cifra exigua y notable si se piensa que hay alrededor de 40 mil de estos cuerpos de agua dispersos por todo el territorio.

Concepción tiene entonces una palabra que decir, la ciudad de las siete lagunas, de las cuales sólo nos quedan cinco, de humedales amenazados y a lo menos dos situaciones en pleno conflicto, como ocurre en Los Batros, con el alcalde de San Pedro de la Paz buscando un plebiscito, y Rocuant, aludido ante un proyecto de zona franca.

Es ciertamente un punto digno de poner en la tabla, no puede haber el doble estándar de declararse protectores del ambiente, establecer puntos limpios, impulsar el reciclaje y, al mismo tiempo, cerrar los ojos ante un atentado flagrante del equilibrio de la naturaleza urbana y regional.