La vigilancia cercana de la probidad regional

Los municipios son el primer eslabón en la política y por eso mismo, sus integrantes son los políticos más cercanos a la gente, los que comparten en terreno muchas de las inquietudes que surgen, cuando se cuestiona el quehacer público.

Aunque rara vez se menciona de forma directa como una de las barreras para la transferencia de atributos desde el nivel central a las regiones, la desconfianza es ciertamente una de ellas, las dudas sobre la capacidad para emplear sabiamente los nuevos recursos provistos de modo autónomo y su uso probo, las reservas veladas o resguardos relativos a las buenas prácticas, una situación que, si bien debatible, es coherente con la situación actual de irregularidades descubiertas en instituciones creadas precisamente para detectarlas e impedirlas.

En un encuentro, no lejano en el tiempo, de la Asociación Chilena de Municipalidades, se parte por  reconocer que estas estructuras son el primer eslabón en la política y por eso mismo, sus integrantes son  los políticos más cercanos a la gente, los que comparten en terreno muchas de las inquietudes que surgen, cuando por diversos motivos, se cuestiona el quehacer público.

También en ese encuentro se declaró que eran necesarios mayores regulaciones y requisitos para ejercer cargos públicos, y que así mismo debiera haberlas  en el sector privado, especialmente cuando los intereses generales de la población están en juego, al considerar que las preocupaciones sobre probidad y ética deben ser una materia de interés de toda la sociedad.

La definición de probidad es aclaratoria y unívoca; “la integridad y la honradez en el actuar”. Su antónimo es corrupción, que en un sentido figurado significa “vicio o abuso introducido en las cosas no materiales” o “echar a perder algo”, de ese modo, la probidad, en un sentido general, es una virtud que “debería” ser practicada por todos los hombres. Evidentemente que, si ese fuere el actuar general, la corrupción no existiría.

El marco ético alude a la existencia de un sistema normativo de orden moral, como un conjunto de intereses de la vida en comunidad y de la paz social, a través de principios y valores que orientan la necesidad de un actuar correcto y deseable en la administración de los asuntos públicos. Precisamente, por estimarse socialmente deseable para la convivencia y paz social, se elevan a la categoría de obligatorias y coercibles, es decir, alcanzan el rango de normas jurídicas.

Las municipalidades no han estado exentas de juicios críticos en materia de probidad, aun cuando la labor de los alcaldes es altamente reconocida por la comunidad de acuerdo a las últimas encuestas, por sobre otras importantes instituciones de la administración pública.

Aun así, hay una serie de situaciones frecuentemente aludidas. El abuso de poder y el monopolio de la toma de decisiones, la cultura de una ética permisiva, respaldada por la impunidad, la falta de responsabilidad por la decisión pública, sin que se agraven proporcionalmente las consecuencias negativas para los infractores, controles sociales débiles o inexistentes, falta de ejercicio de la participación ciudadana y conflicto de intereses, en una lista que puede tener diferentes énfasis.

La única manera de salir al paso de tales sospechas es transparentar lo que se hace, auditar por agentes externos, no dejar sombras de duda, la confianza de la ciudadanía es una parte de la razón, la otra, aún más trascendente, es salir al paso de eventuales barreras para la entrega de las legítimas prerrogativas que los actores regionales debieran tener para una descentralización funcional y efectiva.