La informalidad afecta al menos a uno de cada tres trabajadores ocupados, según un estudio de la Corporación de Investigación, Estudio y Desarrollo de la Seguridad Social (Ciedess). En números, el 36% de los trabajadores tiene un empleo informal, lo que equivaldría a más de 2,8 millones de personas, de los poco más de 8 millones de trabajadores activos en Chile.

Se considera como empleo informal a aquellos trabajadores que no realizan cotizaciones y a aquellos asalariados que no poseen contrato de trabajo. Según tales parámetros, la OIT estima que en Latinoamérica el 47,7% de los trabajadores se encuentran ocupados en empleos informales.

De tanto en tanto, estas cifras salen a flote y un sinfín de debates regresa. Están los que critican la metodología utilizada para definir “ocupado”, “informal”, y “desocupación”. También regresa la polémica alrededor de materias como la flexibilización laboral, de modo a emplear de manera formal la mano de obra sin la rigidez de contratos que muchas veces lo impide.

No está demás recordar que la polémica que suele tener lugar en Chile en torno a la flexibilidad laboral se presenta como una materia superada en muchos países. El gran ejemplo viene de Dinamarca, nación que logra brindar equilibrio entre la seguridad de los asalariados y la libertad de las empresas para prescindir o renovar su mano de obra. Para tanto, el Estado danés garantiza un subsidio de desempleo que puede llegar hasta el 90% del último salario, en el caso de los ingresos más bajos. En el Reino Unido -que gasta un 0,5% de su PIB en políticas de empleo-, la verificación de la búsqueda laboral a los desempleados es estricta para que puedan acceder a los beneficios: deben presentarse en persona cada dos semanas con una lista de los empleadores contactados. Holanda también sumó avances a través de los contratos de tiempo parcial. En Alemania, país considerado bastante inflexible en la materia, se puede ajustar honorarios y financiar las pérdidas de ingresos de los trabajadores con recursos del seguro de desempleo, todo basado en la negociación colectiva más que en normas rígidas. Estados Unidos, para mencionar un país de América, también adoptó mayor flexibilidad.

En Chile, si bien se avanzó en la creación de normas para la contratación de jóvenes, es imperioso incentivar a los empresarios a contratar a personas sin experiencia laboral. Ello, porque las economías han cambiado, como también los mercados y la fuerza laboral.

Para ser un país desarrollado y a la altura de las naciones de la Ocde, Chile debe necesariamente tener una legislación laboral desarrollada. No se trata de precarizar el mercado laboral, sino que al revés: robustecerlo y abrir espacio para que todos puedan acceder. Junto con ello, fomentar el emprendimiento, la innovación y la creación de empresas. Tan importante como lo anterior, es facilitar el acceso a los puestos de trabajo creados.

Lo que no puede ocurrir, eso sí, es que 2,8 millones de personas en Chile sigan en la informalidad laboral.