Lo que ocurre en el sector pesquero es de inmediata relevancia para nuestra región, por tanto, lo que allí ocurre concita la debida atención, así acontece con el informe anual de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura que da cuenta del Estado de Situación de las Principales Pesquerías Chilenas, año 2017. Las noticias son mayormente favorables, de las 26 pesquerías chilenas que cuentan con Puntos Biológicos de Referencia, nueve presentaron una progresiva recuperación, tres de las cuales corresponden a especies que impactan directamente a la actividad pesquera regional: Jurel, la sardina común y el Langostino.
Para el subsecretario de Pesca y Acuicultura, esta situación refleja un trabajo que de manera lenta pero progresiva, ha ido avanzando en todo el país, mediante la creación de los comités de manejo, los cuales han elaborado planes de esa naturaleza en 18 pesquerías nacionales.
Un aspecto particularmente relevante en esta dinámica es la participación de todos los actores del sector, no solo en el análisis, discusión y consenso de la medidas de administración, sino además en la entrega de alta responsabilidad a los respectivos Comités Científico y Técnicos, para analizar los informes sobre el estado de las pesquerías, y proponer los rangos de las cuotas de pesca, de manera que no afecten la conservación de los recursos.
Justamente, este último aspecto es el que requiere de mayor reforzamiento, el recurso es de suyo lábil en cuanto a estabilidad, a los factores cíclicos de dependencia con las variaciones ambientales del océano en determinadas épocas, ha de sumarse la explotación indebida, que está lejos de desaparecer y que debido a la fragilidad aludida, no da márgenes de tolerancia o negligencia. En este contexto, es dable observar que hubo un descenso interanual de 1,2% en las exportaciones de nuestra región en diciembre del año pasado, particularmente en relación a los productos provenientes del sector silvoagropecuario, con un retroceso de 30,6% y pesca, que bajó en 30,7%.
En un informe reciente, se destaca la disminución de 16,7% anual en los desembarques de la merluza común en la primera mitad de 2018, sumando 8.019 toneladas. Ese volumen es el menor en aproximadamente los últimos 70 años para un primer semestre, según las estadísticas anuales de Subpesca. En 2001 hubo un alto desembarque de 122 mil toneladas de merluza común, que se mantuvo con leve baja en los dos años posteriores, a partir de ahí decae drásticamente y en 2012 llegó a 39.721 toneladas, bajando a casi un tercio en el lapso de una década. El año pasado se registraron 21.400 toneladas.
La noticia preocupante, que se añade a esta tendencia, es que en los últimos años se instala con mucha fuerza el fenómeno de la pesca ilegal, que representa, según diversos organismos, tanto de ONGs como del gobierno, la extracción de tres a cuatro veces el volumen de la cuota legalmente autorizada, una cifra de aproximadamente US$ 300 millones anuales.
Ese es el escenario actual; los polémicos cambios normativos relacionados a las licencias de captura y otros ajustes legales en gestación, más la acción ilegal sobre el recurso. El desafío es la regulación y el control, la cultura de protección de una fuente productiva finita, más el rigor de la supervisión y la detección de cómplices de silencio, que despejen de este cuadro frágil, por lo menos, la acción de la delincuencia.