Hay, sin duda alguna, señales inquietantes en el universo de los colegios, señales abundantes y diversas que indican un estado de crisis, en el sentido de una situación que no puede seguir tal cual está, que parece haber cumplido su ciclo. Más allá de la reforma de la educación, cuyas consecuencias están todavía, y seguirán por largo rato, en pleno desarrollo, está el ámbito de las conductas y comportamientos,  las relaciones entre quienes viven en la comunidad escolar.

Para la ciudadanía en general y para cada familia chilena en particular, es evidente que hay deterioros observables, no en el aspecto académico, sobre lo cual hay mucha discusión pendiente, sino en el trato entre profesores y alumnos, entre los jóvenes estudiantes y en el comportamiento de estos últimos con la sociedad en su conjunto.

Si bien es cierto, es esperable que sea la juventud la que critique las situaciones presentes, teniendo a la vista un futuro que les pertenece y que no comparten con las otras generaciones precedentes, en la actualidad esa disconformidad ha buscado otros cauces, violencia, por ejemplo,  sin siquiera el atenuante de tener que recurrir a ellos ante la inexistencia de otros medios. Ya que quizás como nunca antes la sociedad  ha estado más dispuesta a prestarles atención, cada vez más consciente de la existencia de circunstancias insatisfactorias que deben ser debidamente corregidas.

En las últimas semanas hemos sido alertados por actos vandálicos en colegios emblemáticos del sector público, no por lo inéditos, sino por la magnitud y gravedad de lo ocurrido, un grado de violencia que ha alcanzado niveles desconocidos hasta ahora en el mundo de la educación chilena, para ser propio del ámbito delincuencial, cuando un grupo de profesores fue rociado con combustible por encapuchados que irrumpieron al interior de Instituto Nacional. El Gobierno presenta una demanda criminal, pero queda este hecho en el escenario, con la interrogante de qué tipo de educación estamos teniendo si los estudiantes actúan de esa manera.

En las afueras del Liceo de Aplicación, dos alumnos del establecimiento, de 15 y 17 años, fueron sorprendidos por Carabineros lanzando objetos contundentes, uno de ellos portaba una bomba Molotov.  En otros liceos de Santiago hubo lanzamiento de ese tipo de  bombas  y otros desmanes.

La Municipalidad de Santiago ha llevado a cabo la política de “rompe paga”, buscando que los padres de los alumnos responsables de vandalismo respondan por los daños. Se ha tomado también la decisión de suspender las clases en colegios dañados por tomas clases. Recientemente, la Ministra de Educación informó de la presentación de un proyecto de ley que entrega atribuciones a directores de colegios para expulsar alumnos, en circunstancias como las relatadas.

Sin embargo, no se ha expresado la voluntad de volver a tomar los controles, a ejercer la disciplina a imponer el respeto mutuo entre los actores de la educación, a reestablecer el equilibrio entre derecho y deberes, empezando por casa, ya que los colegios quedan inermes si los jóvenes no tienen marcos de referencia en cuanto al debido comportamiento.

Las sanciones es un aspecto del problema, el castigo justo, pero el principal asunto está abierto; qué debe hacerse para educar de otra forma, poner nuevamente en escena los valores y principios de una sociedad sana y tener una juventud que exprese sus ideas haciendo uso de la razón.