La realidad del consumo de drogas por escolares chilenos es una verdad a la vista y, al mismo tiempo, una realidad que no quiere ser observada, que se ha banalizado a tal punto que parece ser un derecho natural propio de la juventud y parte de sus derechos inalienables. Una situación de distorsión cultural que se ha manejado mañosamente, con criterios de conveniencia política, para algunos, y económica, para quienes ven en esta práctica una muy remunerativa unidad de negocios.
Los resultados de los estudios que se realizan periódicamente en la población escolar, indican que los estudiantes perciben presencia de drogas en su medio ambiente y una cierta facilidad para obtenerlas. Los mismos estudios, señalan consistentemente que el consumo de drogas afecta el desarrollo de niños y adolescentes en el ámbito personal, familiar y social, limitando sus trayectorias educativas y las posibilidades de tener una vida más plena.
Las cifras son muy elocuentes y con tendencia mantenida al aumento, casi 16 de cada 100 estudiantes de entre 8º básico y 4º año medio han consumido marihuana alguna vez en el último año. El consumo de marihuana aumenta conforme se asciende en edad o nivel educativo, por lo cual, en 4º año medio, sube a cerca del 24%. En términos generales, los niños y adolescentes de 12 a 18 años, que desertan del sistema escolar, presentan tasas de consumo de marihuana y cocaína 4 y 5 veces más altas, respectivamente, que las observadas en los que se mantienen en el sistema escolar. De modo preocupante, el 53% de los estudiantes encuestados declara que percibe la existencia de drogas ilícitas en los alrededores de su establecimiento educacional y el 43% señala que percibe la existencia de drogas en el interior de la unidad educativa.
Resulta así indispensable hacer prevención en el sistema escolar, lo que también implica una acción global del establecimiento educacional, que refuerce las prácticas de convivencia escolar y los espacios de participación, generando una cultura del autocuidado, incompatible con el uso de alcohol y drogas, en un contacto informado y respetuoso con las familias.
Por otra parte, el Ministerio del Interior ha puesto en marcha, hace ya varios años, el plan nacional Microtráfico Cero, con grupos policiales especializados en este tipo de delincuencia a nivel nacional que intervienen, especialmente, en sectores más críticos, los resultados, aunque notorios, dan cuenta de la magnitud del problema, en lo que ha transcurrido del presente año, la PDI ha desbaratado 371 puntos de microtráfico cercanos a colegios, mediante 1.953 operativos, eliminando 825 lugares de venta. De estos, 371 se realizaron en cercanías a colegios, lo que representa un alza de 104 despliegues más en relación a 2017, las drogas más comunes en este tráfico son pasta base, marihuana y cocaína.
Se está luchando contra un enemigo solapado, organizado y persistente, con una estrategia que consiste en establecer puntos de venta y así lograr que jóvenes desde temprana edad entren al consumo, generando clientes cautivos por los próximos ocho o nueve años.
Si bien es cierto, la existencia de estas iniciativas es una buena noticia, la mala noticia es que la amenaza está lejos de ser controlada, se requiere de otros agentes actuantes, para empezar, nosotros mismos, dejar de enterrar la cabeza en la arena y aceptar que este enemigo puede haber encontrado un lugar en nuestra propia familia.