A estas alturas del desarrollo noticioso sobre los niños del Sename, es difícil concebir que haya algún ciudadano chileno que ignore lo que allí continúa sucediendo y es posible pensar que las únicas personas que pudieran estar libres de preocupación son aquellas que han elegido ignorar, o apartar de su mente acontecimientos insoportables, o dados por superados, por el solo hecho de haber sido puestos en el público conocimiento.

No era posible esperar que la sostenida secuencia de atrocidades y negligencias escapara a la mirada de la comunidad internacional y es así como En el informe respectivo de la ONU se describe como graves y sistemáticas las violaciones a los Derechos Humanos de los Niños en Chile, un asunto que movió al Ejecutivo a hacerse cargo, reiterando que el país cumplirá sus compromisos en esta materia, que ha sido puesta aún más de relieve tras una visita para investigar en terreno, en enero pasado, a solicitud de una parlamentaria, la muerte de la niña Lissette Villa, como caso emblemático, pero lejos de ser único, en 2016.

En junio, la ONU envió un informe confidencial al Gobierno de Chile, que hace poco hizo público al país el ministro de Justicia. El documento señala, sin ambigüedades, que el Estado chileno es directamente responsable de las violaciones en los centros de protección, una aseveración que, entre otras cosas, alude a que éste faltó en proteger a los menores bajo su custodia de torturas o tratos crueles, “prácticas que son normalizadas como formas de disciplina y contención”.

Según el comité ad hoc de la organización, existen cuatro causas estructurales de los problemas en el sistema: la visión tutelar de la infancia, una incorrecta interpretación del carácter subsidiario del Estado, la excesiva judicialización del sistema y la insuficiencia de recursos humanos, técnicos y financieros. Para la entidad, al poder judicial, como responsable de la supervisión de la situación de los menores, le falta formación específica para evaluar los avances y observa que su tarea se limita, en gran medida, a supervisión, ante lo cual propone que Chile cree un servicio de protección administrativo especializado y dotado de los necesarios recursos, un diagnóstico que el Ministro de Justicia y Derechos Humanos señaló compartir.

En la pasada campaña presidencial se declaró que era prioritario, urgente e indispensable realizar cambios radicales, se ha señalado como un avance consecuente establecer un marco en el Acuerdo Nacional para la Infancia, con el propósito de sentar las bases de la intervención del Estado y la toma de decisiones para hacer efectiva la protección de los niños, niñas y adolescentes, con tres objetivos: Promoción del desarrollo integral de todos los niños, niñas y adolescentes. Protección a niños, niñas y adolescentes en riesgo de vulneración de derechos y Protección y restitución de derechos a niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados.

La declaración de las autoridades nacionales ante las declaraciones de la ONU contempla una respuesta a la organización en el plazo de seis meses, reiterando que “la niñez vulnerable está primero”. Aun así, las situaciones alarmantes se siguen presentando, la ciudadanía percibe una reacción lenta, más bien ex post, como en otras promesas, parece haber una brecha entre la intensidad de las declaraciones y la efectividad de las medidas que las respaldan.