Podría ser una suerte de mal concebido consuelo aceptar que hay delitos económicos en todas partes y optar por la resignación, como si este remunerativo y corrupto medio de hacer las cosas no tuviera remedio, porque lo tiene, a pesar del escepticismo de muchos. No absoluta ni definitivamente, la corrupción puede ser controlada con los medios que la ley permite, hasta que su frecuencia sea menor y lograr la existencia de una sociedad sana, partir de allí, sin demasiado esfuerzo.
Si bien es cierto todas las formas de corrupción son repudiables, hay algunas que resultan particularmente repugnantes cuando se aprovechan del desamparo y de la falta de opciones de las víctimas, ya sean personas o instituciones. En ese rubro están los especuladores con los medicamentos indispensables para que una persona siga con vida, colusiones de profesionales para obtener los máximos beneficios, aun cuando los legítimos ya son más que suficientes.
La Fiscalía Nacional Económica acusa colusión en el mercado del combate a los incendios forestales, las empresas señaladas como responsables de haber incurrido en estas prácticas, cometiendo un acto anticompetitivo entre 2009 y 2015, se alude a las Forestales, la Conaf y la Onemi como las principales perjudicadas.
Para toda la población, sobre todo aquella directamente afectada por los devastadores y prolongados incendios que afectaron el año pasado a la zona centro-sur, permanece en el recuerdo la larga, mortal acción del fuego y la lucha casi interminable de brigadistas, militares, bomberos y los pobladores. Justamente en ese período se detectó en Chile lo que en investigaciones realizadas en otros países han denominado como el “cartel del fuego”.
En razón de lo anterior, la entidad presentó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), un requerimiento contra Faasa Chile Servicios Aéreos y Martínez Ridao Chile por haber celebrado y ejecutado un acuerdo para impedir, restringir o entorpecer la competencia en el mercado del combate y extinción de incendios forestales.
En otra presentación ante la Fiscalía, la compañía Cleaner, que en el mercado de los detergentes comercializa los productos BioFrescura, denunció nuevamente a Unilever para que la entidad antimonopolios investigue supuestos precios predatorios fijados por la compañía, los que atentarían contra la libre competencia.
El TDLC, ha disuelto gremios por actuar de esta manera, así ocurrió con la Asociación Gremial de Ginecólogos Obstetras de la Provincia del Ñuble, caso en el cual el máximo tribunal sentenció que el gremio intervino directamente en actos contrarios a la libre competencia y con la Asociación de Productores Avícolas (APA) por haber coordinado el funcionamiento del cartel de productores. Se está tratando de hacer lo propio en el caso de colusión de 111 médicos cirujanos de la Región de Valparaíso por haber acordado, al menos desde 1985, actuar de manera colectiva en el mercado relevante, mediante la fijación de los aranceles que cobran por sus servicios médicos.
Es cierto que los participantes son heterogéneos y que algunos de ellos podrían sentirse en compañía inconfortable, pero son iguales en la naturaleza de sus procedimientos, también es cierto que no son los únicos, por eso mismo, por razones de básico respeto a la justicia, los organismos encargados no pueden, ni por un momento, descuidar la guardia.