Resulta casi inoficioso volver a referirse al divorcio relativo entre la clase política y el resto de la ciudadanía, en medio de un marco más amplio de desconfianza hacia las instituciones y particularmente a quienes están ahí para representarlas, un asunto este último que parece merecer una definición más clara, que les reste a los actores transitorios la indebida anonimidad del cargo, de la persona que se abriga con la denominación del puesto que ocupa.
Ante una realidad de desconfianza y desapego de la opinión pública, o ante la indignación por malas prácticas que no parecen tener las debidas consecuencias para los responsables, se han propuesto medidas, en parte por las mismas instituciones que quieren reparar su imagen pública, una iniciativa recomendable, ya que cada circunstancia particular afecta la imagen país y esta debe prevalecer por sobre cualquier otra consideración, lo que hace de estas iniciativas una dinámica indispensable y urgente.
Es por eso que las dilaciones para resolver esta situación resultan impresentables, así ocurre, por ejemplo, con el proyecto para aumentar sanciones y la probidad parlamentaria. El cual ya ha cumplido un año cuatro meses inactivo en la Cámara Alta. Antes del cierre de la anterior administración la iniciativa fue puesta como urgencia simple; su tramitación, sin embargo, quedó solo hasta eso, sin el más mínimo avance.
La moción alcanzó a estar incluso en la tabla de la Sala del Senado el 7 de marzo de 2017; no obstante, los legisladores, en una maniobra que recuerda malamente una de las rutinas de procrastinación más clásica, acordaron remitir la iniciativa a una comisión; la comisión de Constitución, no solo enviarla sino además abrir un nuevo plazo de indicaciones e inmediatamente reponer su votación, una propuesta que modera la postergación con un “inmediatamente” aplicable en un plazo por determinar, como efectivamente ha ocurrido, ya que ha transcurrido más de un año y sobre su tramitación aún no hay novedades.
El presidente del Senado, en esa oportunidad, argumentó que para algunos senadores era necesario mejorar algunas definiciones “prefiero demorarme una semana más, a sacar un proyecto que va a tener deficiencias “, puede ser que una semana sea insuficiente, pero casi año medio es claramente excesivo y ante la realidad de las exigencias legítimas de la ciudadanía, a este asunto se le debe dar la prioridad debida, concretar con los hechos la declarada intención de mejorar los estándares de transparencia y probidad en nuestro país.
Ha habido tiempo más que suficiente para dar término a esa indispensable tarea, no puede seguir en penumbras el accionar de los entes públicos, que no haya claridad ni consecuencia a escándalos que aparecen aparecer cada vez que alguna institución es sometida a revisión y la sospecha fundada de procedimientos incorrectos en muchos sectores de la administración pública o del mundo privado, situaciones que han provocado justa alarma y puesto en entredicho el correcto funcionamiento de los organismos responsables de cuidar la rectitud de los procedimientos
Los recientes casos de estafa, corrupción y acusaciones de cohecho, entre otras situaciones, exigen a la clase política y al gobierno una visión nacional que cautele la transparencia y la probidad como valores intangibles del patrimonio del país frente a la comunidad nacional e internacional.