El Consejo Nacional de Educación (CNED) ha puesto en conocimiento público una abundante y prolija base de datos relacionados con la situación de la educación superior en Chile. Su discusión y análisis es particularmente relevante para nuestra Región que comparte, junto con la Metropolitana y la de Valparaíso, el 70,4% de la matrícula total de 2018.

La tendencia se ha mantenido hasta abril de este año, de tal manera que los estudiantes matriculados en 1er año son 43.210, lo que equivale a una participación a nivel sistema de 12,6%. En lo relativo a la matrícula total, el año 2017 correspondió a 149.307 estudiantes, con una participación a nivel de sistema de 12,8%. Superior a la mediana de la zona central entre los años 2005 a 2017, con una diferencia de 7.155 estudiantes el año 2017.

Al examinar estas cifras es obvio el impacto en la actuación y desempeño de las casas de estudios terciarios, tanto universitarios como de formación técnico- profesional. Aproximadamente ciento cincuenta mil jóvenes y sus familias han puesto en estas instituciones una gran parte de su apuesta para el futuro y el país depende, de manera sustantiva, en ellos para lograr sus metas desarrollo.

En contraste con estas buenas noticias, después de largos años de la entrada básicamente desregulada de instituciones al sistema educacional, se observa que un número significativo de ellas se encuentra en procesos de cierre, en la actualidad esta situación afecta a ocho instituciones, la mayoría de manera voluntaria, a excepción de tres de ellas que fueron intervenidas por el Ministerio de Educación.

Según las estadísticas del CNED, desde 2010, son 37 las instituciones que ya han cerrado. Según el presidente de la institución, las causas de cierre forzoso tienen su origen en la incapacidad de reaccionar de manera adecuada y han tenido que ser intervenidas, una dinámica “mucho más compleja de lo que podría parecer a simple vista y eso ha puesto en riesgo la continuidad de las trayectorias académicas de los alumnos”.

Algunos expertos han comentado estas circunstancias con relativo desapego, describiéndolas como propias de los sistemas mixtos, que es esperable el fracaso de algunas instituciones, “habitualmente, estas situaciones afectan a un pequeño número de estudiantes y no tocan a la mayor parte de las instituciones. Obligan a contar con normas para procesos reglados de cierre -como el de administradores provisionales y de cierre- y, sobre todo, a cuidar el derecho de los estudiantes”.

En su oportunidad hubo numerosas voces de alerta sobre las implicancias de la irrupción en el sistema, de instituciones precarias, con fines de lucro, sin mayores controles, la respuesta técnica más repetida fue que de la regulación se ocuparía el mercado, como parece estar sucediendo, pero sin considerar el costo en personas que invirtieron años de su vida y recursos importantes en proyectos conducentes al fracaso.

No está en el informe la cifra importante de carreras que se han discontinuado, por errores en la apreciación de la demanda, que a pesar de haberse cuidado que finalizaran las últimas cohortes, no siempre fue posible asegurar la calidad hasta el final del proceso.

Las cifras son elocuentes, lo que no logran medir es el número de proyectos de vida quebrados, indican la urgencia de asegurar calidad sostenible. En los proyectos educativos, no son aceptables las pruebas de ensayo y error.