La indispensable racionalidad para el entendimiento

La movilización de los grupos feministas de la Universidad de Concepción, de representatividad no establecida, parece haber llegado a un punto sin retorno al haber sobrepasado la racionalidad esperable de la condición de universitarias, una situación que podría explicarse por las tendencias generales propias de la juventud de la mayoría de las participantes, pero sin excusa alguna cuando las demandas se ubican fuera del margen de la ley, de la cual  se debe ser esclavo, según Cicerón, para ser libres.

No puede haber confusión alguna al respecto; no se puede aceptar propuestas que no respeten el debido proceso. A esa situación se ha llegado, cuando el jueves recién pasado se informó que se suspendía hasta nuevo aviso la mesa de negociación entre estudiantes movilizadas y autoridades de la Universidad de Concepción. Ante la solicitud de las autoridades universitarias de entregar las dependencias tomadas para reanudar las actividades académicas, la respuesta  fue que éstas no se devolverán hasta que se implementen medidas cautelares consistentes en suspensión de funciones y prohibición de ingreso a edificios de personas denunciadas por situaciones de violencia o acoso, aun cuando no se hayan iniciado las respectivas investigaciones o éstas esperen por su conclusión.

Como resulta evidente, para las estudiantes movilizadas, aun el mismo debido proceso se transforma en objeto de debate, la ley se convierte de esa manera en una suerte de recomendación de aplicación relativa. Así, es motivo de negociación el respeto por los derechos de una  persona que, en el marco del procedimiento judicial, puede pasar de acusada a imputada, luego procesada y finalmente condenada. Cada uno de esos necesarios pasos tiene el propósito de que la condena, si procede, debe ser concordante con la legislación, si ese proceso no se cumple, se puede llegar a una condena injusta o contraria a la ley.

Es justamente por eso que no se trata de una posición voluntariosa o prepotente de las autoridades de la Universidad, el expresar que dicha solicitud no es procedente de la forma expuesta, pues contraviene el debido proceso y sus principios, aun así se ha establecido las condiciones para retomar el espacio de negociación, al plazo del  4 julio al mediodía, el acta lo declara taxativamente; “Si pasada dicha fecha y hora no se han dado estas condiciones, la Universidad entenderá terminada definitivamente esta mesa”.

Se trata de una situación cuya gravedad parece no haberse aquilatado en toda su magnitud, ni sopesar, como se debería, los daños colaterales, no se trata solo de amenazar el avance de todos los estudiantes universitarios en la prosecución de sus carreras, sino la posibilidad cierta de pérdida de becas condicionadas a un normal desempeño académico, o la pérdida de lugares de práctica, para varias carreras, al no haber concluido las evaluaciones que permiten la promoción de los estudiantes, requisito para ser aceptados, más el considerable retraso en el cumplimiento de sus planes de estudios y gravosas consecuencias para sus familias.

En contradicción con los principios más importantes de la misión de la Universidad, este tipo de paralizaciones vulnera además gravemente la credibilidad de sus competencias para asegurar la calidad de la educación, un daño institucional de incalculables y potencialmente profundas proyecciones. Parece haber  llegado el momento de imponer, al mismo tiempo,  la autoridad y la cordura.