Como suele ocurrir en los conflictos complejos, los aspectos más prominentes ocupan los titulares, y sus facetas más evidentes despiertan las reacciones positivas o negativas de los involucrados. Así ha venido ocurriendo con la larga secuencia de elogios por un lado y diatribas por otro, frente a las propuestas para la financiación de los estudios superiores por medios de créditos, en este caso específico, del acrónimo CAE que ha sido descrito como modalidad perversa.

En medio de las discusiones por el acúmulo de morosidad, de la captura por decenios de egresados universitarios, en deudas descritas como interminables, ha pasado inadvertido el costo para las universidades, las cuales deben aceptar determinadas reglas para poder adscribir a este crédito estatal, en el nuevo formato propuesto por el ejecutivo.

En el proyecto de ley, el Ministerio de Educación plantea el nuevo Sistema de Financiamiento Solidario (SIFS). Con este préstamo, el Ejecutivo busca remplazar al actual Crédito con Aval del Estado (CAE) y al Fondo Solidario, apartando a las instituciones bancarias de la entrega del financiamiento para la educación superior.

El documento ingresó el fin de semana recién pasado al Congreso, establece que las instituciones deben cumplir ciertos requisitos para poder acceder a esta forma de financiamiento para sus estudiantes. Además de seleccionar a sus alumnos de primer año por criterios académicos que no sean discriminatorios y estar acreditadas según la Ley de Educación Superior, un tercer punto establece que deben dar garantías en caso de que sus estudiantes deserten.

La lectura de las condiciones de esta garantía tiene características un tanto leoninas, ante la magnitud del compromiso que contrae la institución por el solo hecho de matricular un estudiante en este esquema, para empezar, la garantía es diferente según el año en que se produzca la deserción, así, tendría que asumir el 90% del monto total o acumulado del crédito, si los alumnos desertan el primer año. Esto bajará al 70% cuando el abandono de produce al segundo año, y al 60% en el caso que los estudios se discontinúen a partir del tercer año.

Para el mundo de la educación superior, es una realidad que los apoyos para la inclusividad por parte del Estado han facilitado el ingreso de muchos estudiantes cuya base formativa adolece de deficiencias que ha obligado a diseñar programas remediales u tutorías personalizadas, por otra parte, la vulnerabilidad de las familias establece condiciones de riesgo para la permanencia de los jóvenes y se conforma un escenario que favorece el abandono de las carreras.

Para hacer las cosas aún más críticas, las casas de estudios no pueden recurrir al copago en el caso que los aranceles de determinadas carreras sean superiores a los valores de referencia, por tanto se encuentran atrapadas en un contenedor inextensible, que limita su espacio de maniobra presupuestario.

En condiciones como las descritas, se presenta el riesgo de disminuir a cualquier costo las tasas de deserción, actitud que podría ser atentatoria contra el aseguramiento de calidad, bajas de estándares, que aunque marginales, afecten la coherencia de los proyectos educativos. Los parlamentarios deberían poner especial interés en la protección de las casas de estudio que, sin fines de lucro, se convierten de este modo en desprotegidas deudoras solidarias.