No es difícil explorar la redes sociales para tener una visión, sino representativa de la realidad, por lo menos anecdótica en cuanto a la variación de la opinión ciudadana sobre el accionar de sus municipalidades, así se les reconoce que si bien tienen, a la hora de cobrar, sistemas informáticos fantásticos y eficientes, a la hora de entregar un servicio, todo debe hacerse por oficina de partes, ventanillas, empleados poco entrenados y sistemas de gestión inexistentes. Por otra parte, se expresa dudas en cuanto a cómo miden su capacidad de gestión ya que según algunos de los opinantes, lo único que tienen bajo normas ISO son las remuneraciones.
En cuanto a los resultados de la gestión edilicia, hay también una amplia diversidad, los ciudadanos describen tener un buen alcalde, calles limpias, áreas verdes muy cuidadas, salud pública de calidad, con preocupación por solucionar el problema del comercio ambulante, en contrario, hay quienes opinan que los directivos de la municipalidad, en los últimos años, han desordenado las finanzas municipales, hipotecando el futuro de la ciudad, que parece no contar ahora con los mínimos recursos para financiar prestaciones que siempre fueron un derecho considerado tradicional.
En Chile hay 346 comunas regidas por un alcalde y un Concejo, de estas estructuras depende en gran parte la calidad de la vida cotidiana de las personas, de la idoneidad y empeño de sus autoridades y de la transparencia e integridad que estas muestren en el desempeño de sus funciones, con el importante resguardo de que ambas, la idoneidad y la transparencia, deben marchar sincrónicamente, sin esta última es posible que no haya oportunidad de aquilatar con justicia las tares que se realizan y eso ayude a explicar mucho de la diversidad de opiniones con respecto al quehacer de las autoridades municipales.
En los últimos tres años, se ha avanzado en mejorar la legislación a favor de una mayor transparencia de los organismos del Estado y del control de malas prácticas, pero hay todavía brechas en algunos municipios, para descartar las acusaciones del tráfico de influencias, conflictos de interés y eventuales episodios de la corrupción o malas prácticas. La única política para descartar esas posibilidades, dado los amplios márgenes de poder de los jefes comunales, es poner la información a la vista de la ciudadanía.
La necesidad de asegurar la absoluta transparencia se hace más evidente cuando, implícitamente , desde el gobierno central se expresan dudas sobre el manejo de recursos en las regiones, de esa manera el mensaje presidencial, al mismo tiempo de anunciar el traspaso de funciones, atribuciones y recursos a las Regiones y Comunas, advierte que en la iniciativa está contemplado el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia, participación, responsabilidad y probidad de los gobiernos regionales y comunales.
Para ese efecto, se establecería un control en plazos muy acotados, ya que demanda entregar, cada tres meses, a la Subdere, la Contraloría General de la República y a la comunidad, la información relevante respecto a los balances de activos y pasivos, la situación de ingresos, gastos y deudas, la dotación y contrataciones de personal, las principales inversiones, y todo otro hecho de relevancia de los gobiernos regionales y comunales. Un control inicial necesario para probar la buena gestión y generar una base objetiva de confianza.