Los fenómenos sociales, aunque siempre son precedidos por signos y síntomas para nada sutiles, suelen manifestarse sorpresivamente, en magnitud e intensidad, con tal fuerza que ocupan con rapidez la primera página de todas las agendas, justamente, por tratarse de un fenómeno de esa naturaleza, que incumben a la sociedad en su conjunto, donde nadie puede sentirse aparte o neutral.

El acoso sexual a las estudiantes universitarias ha salido, de pronto, con volcánica intensidad, a plena luz del día, rota la cadena de silencio, o de humillación o temor, se ha abierto un espacio necesario para dejar este fenómeno en situación de inconfortable transparencia para los eventuales responsables. Se instala de esta manera la insoslayable necesidad de esclarecer la magnitud del acoso sexual en las universidades chilenas.

Es una manifestación palpable que la sola dictación de la ley no basta para normar los comportamientos de la sociedad, la letra de la ley 20.005, publicada el 18 de marzo de 2005 introduce con suficiente claridad sus términos, que mutatis mutandis, son aplicables a lo que está ocurriendo en las casas de estudios superiores: “Las relaciones laborales deberán siempre fundarse en un trato compatible con la dignidad de la persona. Es contrario a ellas, entre otras conductas, el acoso sexual, entendiéndose por tal el que una persona realice en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no consentidos por quien los recibe”.

Se ha llegado a un punto crítico, propio de las circunstancias de empoderamiento de la sociedad y sus diferentes colectivos, una suerte de secreto a voces se hace visible en toda su magnitud para hacer exigir cambios radicales. De esa manera, la Confederación de Estudiantes de Chile y la Coordinadora Feminista Universitaria, han puesto de manifiesto su voluntad de terminar con la educación sexista.

La movilización se enmarca en un contexto en el que más de 15 universidades en siete regiones del país se encuentran en tomas feministas, a través de las que se exige, entre otras cosas, protocolos para sancionar el acoso y abuso sexual al interior de las casas de estudio, establecer campañas de acompañamiento psicológico para las víctimas, educación no sexista e incluir jardines infantiles.

La vocera de la Coordinadora lo expresa en duros términos, “hoy la educación es la gran responsable de crear, criar y sacar machos para la sociedad, los cuales nos han violentado por mucho tiempo, nos han violado, hemos sido acosadas sexualmente y ahora… están llevando estas agresiones a las aulas”, declaración que requiere de ciertamente de una más justa ponderación, ya que, si bien es cierto, las situaciones descritas son reales, es posible que no representen a la totalidad de las comunidades universitarias.

Esta situación ha impactado a las diversas organizaciones del Estado, de esa manera, el presidente del Senado pide “actualizar normas sobre acoso sexual y acoso laboral”, de igual manera en las universidades se hace lo propio con los respectivos protocolos y procedimientos.

Mientras estas iniciativas se desarrollan hay dos resguardos importantes; el primero encontrar la manera de resolver este conflicto por medio del diálogo, el acuerdo y la ecuanimidad de espíritu y el segundo, impedir el ajusticiamiento civil de acusados que podrían resultar inocentes e irreversiblemente lesionados.