La inaceptable magnitud de la pesca ilegal chilena

A mediados del año 2017, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), daba un ejemplo alarmante de la magnitud de la pesca ilegal en nuestro país, informando que solo en diez días un grupo de 100 pescadores tuvo ganancias por un monto cercano a 4 millones de dólares mediante el ejercicio de la extracción ilegal de sardinas. Descripción que sería simplemente anecdótica si no fuera por el hecho que corresponde, mutatis mutandis, a lo que sigue ocurriendo cotidianamente  a lo largo del todo el  litoral chileno, afectando particularmente a nuestra región, al ser la pesca una de sus principales líneas productivas.

El  director nacional del Sernapesca , reconoce la dificultad de determinar con exactitud los montos y volúmenes que mueve  la extracción ilícita, Según algunas pesquerías, se han detectado mayores operaciones indebidas, como en el caso de la merluza común,  cuya pesca ilegal es hasta cuatro veces superior respecto de las cuotas autorizadas por la autoridad para la respectiva temporada. Las extracciones de algunas especies marinas incluso están ligadas al tráfico de drogas en el extremo norte, donde se han desbaratado organizaciones delictuales, efectivamente, individuos chilenos tanto como peruanos, ingresan  embarcaciones con droga, con destino a Chile, según informa  el OS-7 de Arica.

Ante la realidad compleja de creciente extracción, el medio más frecuente  de protección ha sido decretar vedas y fiscalizaciones, las que no han podido erradicar actividades ilícitas en casi todo el país y un mercado negro que, según registros de Sernapesca, representa  US$ 300 millones al año en transacciones por pesca ilegal, lo que equivale a unas 320 mil toneladas de recursos extraídos, muchos de los cuales se encuentran en punto crítico, como es el caso de  la merluza común, merluza del sur, pesca pelágica -sardina y anchoveta- y algas pardas, según el detalle provisto por el organismo.

Las cifras en este ámbito dan una idea del volumen de la ilegalidad.  Pese a las limitaciones logísticas, Sernapesca informó de la realización de más de 200 mil fiscalizaciones al año en el país, con más de 2.200 toneladas de diversas especies incautadas en caletas, terminales, carreteras, mercados y lugares de expendio de alimentos. De estas últimas, más de mil toneladas, el  45% del total, corresponden a extracciones ilegales de locos.

Es, evidentemente, un negocio demasiado redituable, de tal manera que incluso las altas multas, que pueden superar los cinco millones de pesos, no resultan disuasivas, al haber un amplio margen para eludir la ley.

Es una situación que reclama respuestas más efectivas, por una parte el Estado, cuyo deber es proteger los recursos del país y hacer cumplir la legislación vigente, pero por otro, los propios pescadores, dañados directamente, que tienen la posibilidad concreta, mutuamente acordada, de prestar un mejor concurso, ellos, mejor que nadie, conocen las circunstancias que operan en la pesca ilegal, restar su participación en controlarla es ciertamente una forma de complicidad, de igual modo, los agentes de comercialización, quienes deben estar enterados de la procedencia del producto que ponen en el mercado, no es posible que a estas alturas queden espacios para la ingenuidad. Existe entonces la posibilidad de actuar sinérgicamente en la defensa de un recurso básico para la economía nacional.