Para el hombre es indispensable la dignidad del trabajo, en cualquiera de sus formas, por tanto, la privación de ese derecho o esa oportunidad, representa una pérdida inestimable, no solo por verse restado de un medio para el sustento de su propia vida, sino para la preservación de su justo lugar en la sociedad.
El valor del trabajo humano no se mide por el tipo de actividad de cada uno, sino por el hecho de ser una persona quien lo ejecuta, se ha planteado que es nuestra especie la única capaz de trabajar de manera programada y racional, con vista a un objetivo final predeterminado y en forma consciente y libre, por ese medio puede encontrar un sentido y proyección de su propia vida, una circunstancia no siempre posible para personas con discapacidad.
Ante esa situación, aparece el concepto de inclusión laboral, que significa ofrecer trabajo de forma activa a las personas con discapacidad, dejando atrás la discriminación, e intentando que las vidas de estos trabajadores se normalicen en todos los ámbitos. La participación de las personas con discapacidad en los procesos económicos y productivos se convierte en un aspecto prioritario de la acción encaminada a la búsqueda de la igualdad de oportunidades.
La experiencia en otras latitudes indica que también para las empresas hay beneficios en esta política, de esa manera, las personas con discapacidad son percibidas como trabajadores leales y estables, con baja tasa de rotación, ausentismo y accidentabilidad, con un efecto positivo en el clima laboral, se la ha descrito como una Inyección anímica y motivacional en los equipos, en los cuales se aprecia sentimientos de orgullo, los compañeros de la persona con discapacidad van realizando aprendizajes y encontrando la forma de relacionarse con ella. Este proceso, adecuadamente acompañado por una política inclusiva, puede llevar a la instalación de la diversidad como un activo de la organización.
La ley sobre Inclusión Laboral de personas con discapacidad, que entró en vigencia el primer día del presente mes, indica que al menos el 1% de los trabajadores de las entidades públicas y privadas con más de 100 empleados deben ser personas discapacitadas. El director del Servicio Nacional de la Discapacidad, al mismo tiempo que destaca el eventual cambio cultural que conlleva esta ley, señala que no se está haciendo ningún favor a las personas con discapacidad, sino permitir que “se dé igualdad de oportunidades, a través de adecuaciones y apoyo, para que las personas se puedan desempeñar y mostrar sus capacidades”.
Aunque la ley asegura una cuota mínima, deja muchos aspectos por resolver, como la capacitación y los costos de adecuar las infraestructuras requeridas, de igual manera, en los casos que sea necesario, contemplar la ayuda de facilitadores laborales, para compatibilizar de manera óptima las necesidades del negocio con las capacidades y las expectativas del trabajador, más la responsabilidad recíproca de las personas en esta condición, quienes tiene por delante el desafío de capacitarse, desafiarse y responder, en igualdad de condiciones, a las exigencias de su trabajo.
Romper mitos, vencer los prejuicios y sus propias inseguridades, debe partir por ellos y por sus familias e insertarse con toda propiedad y justicia en el tejido de la sociedad, que con su presencia se puede transformar en otra más abierta y equitativa.