Es el tiempo de las nuevas autoridades, algunas haciendo su primera y naturalmente entusiasta entrada al ingrato mundo del servicio público, con el explicable orgullo de haber sido destacado de entre sus pares, como la implícita confianza en sus competencias para cumplir satisfactoriamente con su función y mejor aún, para cumplir mucho más allá de las expectativas, para el bien común. También ha habido no pocos nombramientos seguidos por inesperados tropiezos y abandonos, o pasos al costado, ante circunstancias no previamente consideradas.

Son las primeras señales de las complejidades de la vida pública, que aunque entendidas, no bastó el inventario de circunstancias esperables para evitar equivocarse, partiendo de la base incuestionable que las autoridades recientemente designadas son personas de bien, que como primer requisito habían dados muestras y evidencia de su básica honestidad y compromiso de trabajo por los demás.

Resulta entonces particularmente oportuno aludir a los resguardos que las nuevas autoridades deben tomar según los lineamientos del Consejo para la Transparencia, una advertencia que es útil tanto para las autoridades mismas, que de seguro deben tener sobre el particular convencimientos muy arraigados, sino también para el ciudadano común, que debe reconocer que hay circunstancias que han sido debidamente atendidas y que por lo tanto algunas de las dudas lanzadas sin mayor reflexión no tienen todo el tiempo una base que las  sustente.

Existe una cartilla con el listado de las obligaciones que deberán cumplir las autoridades en materia de probidad y transparencia, los  ministros y subsecretarios, por ejemplo, que deben declarar su patrimonio e Intereses,  de parecida manera opera la Ley de Lobby que también se refiere a la administración regional y comunal, recordando que deben crear un registro de sus agendas públicas, tienen, como parte de sus obligaciones, que escuchar a todos quienes se sientan afectados por las decisiones que toman. Cualquier proceso decisional requiere oír opiniones diversas para la resolución que se va a adoptar, transparentar esos contactos elimina la sospecha de parcialidad y la posibilidad de entregar información privilegiada.

Por parecidas razones,  las autoridades deben abstenerse de participar en decisiones en que exista alguna circunstancia que le reste imparcialidad, evitar los conflictos de interés, observar, como indicador de buenas prácticas la  probidad administrativa, el necesario extremo cuidado con algunas infracciones como la utilización -en beneficio propio o de terceros- de información privilegiada, así como también usar dinero de la institución en beneficio propio, o el tiempo de su jornada laboral para otros fines, o aceptar privilegios.

Las instituciones, todas en diferente grado están sufriendo el descrédito colectivo por el incorrecto proceder de unos pocos, nuestras autoridades regionales han dado muestras de corrección, sin embargo, ante la más elevada exigencia de la ciudadanía hay que dar señales claras y convincentes de buenas prácticas para reconstruir la base de confianza. Una de las fortalezas de la descentralización es el correcto actuar de sus autoridades, ya que este cambio largamente postergado de la administración del territorio nacional reposa sobre una impoluta y eficiente gestión local, triunfar en  el desafío cotidiano de ser y parecer.