Hay indicadores incómodos en democracia, cuando esta deja lugar a las excepciones y a los privilegios, inquieta, porque es así como se la corrompe, ya que los actos en democracia deberían ser transparentes y justos, de cara al pueblo. Es por eso que las informaciones sobre eventuales asimetrías en sueldos y salarios resultan particularmente dañosas, como aquella que señala que los sueldos del sector público han crecido por sobre los del resto de la economía.
Recientemente se ha dado a conocer el estudio “Principales tendencias del empleo en el gobierno central”, publicado recientemente por la Dirección de Presupuestos (Dipres), el cual informa sobre este particular en el período 2007-2016. El hecho escueto es que las remuneraciones promedio del sector público crecieron más que el Índice General de Remuneraciones y que el Ingreso Mínimo Mensual, que afecta a los trabajadores regidos por el Código del Trabajo, tenga una diferencia bastante sustantiva. Así, mientras las rentas brutas del gobierno central crecieron 95% en los últimos diez años, el Índice General de Remuneración lo hizo en 69%, es decir el sector público tuvo un aumento de 26 puntos porcentuales sobre el común de los salarios de los chilenos.
Como era de esperar estas cifras movilizaron las usuales respuestas del aparato estatal, algunas perfectamente comprensibles, pero bastantes otras con un andamiaje de evidente fragilidad, en el informe se expresa que parte de la explicación reside en los reajustes generales de remuneraciones del sector público legislados cada año, a los que se suman variadas negociaciones sectoriales. Un factor que bien vale la pena examinar, ya que reiteradamente se ha observado que lo indispensable de los servicios públicos entrega a estos un arma poderosa para obtener ventajas, teniendo a la ciudadanía como rehén, en duras negociaciones.
Es positivo que se haya buscado mayor equidad en las remuneraciones más bajas del sector público, las cuales muestran una mayor tasa de crecimiento. Mientras que en 2007 un 38,5% de los trabajadores percibía $500 mil o menos al mes, en el año 2016 este grupo representaba solo un 13,8%.´como consecuencia de una política de reajustar las rentas mínimas en más que el doble en promedio que el reajuste general. A la vez, las rentas máximas fueron excluidas del reajuste general en los años 2015 y 2016, para disminuir la brecha entre ambas.
No tan defendible, son altas rentas de funcionarios cuyas competencias no parecen suficientes para justificarlas o el aumento de personal, que pudiera tener la implicancia de clientismo o caja pagadora de los partidos oficialistas, el hecho es que la cantidad de trabajadores del Estado ha aumentado de manera sostenida, tanto en términos absolutos, como en relación al tamaño de la población. Incluyendo al personal en dotación y a honorarios, entre los años 2007 y 2016, la cantidad de funcionarios trabajando en el gobierno central aumentó de 202.896 a 296.080.
Estas cifras contrastan negativamente con el crecimiento del trabajo informal, de los que trabajan en la calle, del número de aquellos sub ocupados y que sin embargo sirven para disminuir la magnitud de los descritos como desempleados. Es alentador encontrar en las primeras prioridades del actual gobierno la creación de buenos empleos asalariados en Chile, pero también falta dar una mirada al ordenamiento de la casa.