Es una responsabilidad del Estado velar por la salud de la población, no solamente mediante la cobertura hospitalaria para atender las patologías o los traumatismos y accidentes, sino indirectamente, incentivando la cultura del auto cuidado, hacer a las comunidades y a las personas responsables del cuidado de su propia salud. El primer artículo de la Constitución lo alude de manera amplia al indicar que el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común.
En razón de lo anterior, se explica la cercana observación de indicadores asociados con la salud, o la enfermedad, así ocurre con las últimas cifras del Mapa Nutricional 2017 de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), con resultados que muestran la necesidad de no perder el control cercano de esta situación, al registrar que de los 806 mil escolares censados en cuatro distintos niveles en el país, el 23,9% presenta algún tipo de obesidad en primero básico, de dicho porcentaje, un 8,1% de los estudiantes de este grado presenta obesidad severa, más niños, con 10,3%, que niñas con 5,9%.
Es muy interesante observar que la condición de obesidad severa ya es está presente en el nivel de kínder, con cifras cercanas a las de la educación básica; 7.6% en promedio, con 9.2 y 5.9%, respectivamente, en niños y niñas. La tendencia se revierte fuertemente en la educación media, en ese nivel, los porcentajes bajan a un promedio de 2.1% con pocas variaciones de género.
El estudio, efectuado en cerca de 9.500 establecimientos subvencionados y municipales, informa igualmente de las cifras de obesidad, mostrando que ya en pre-kínder, el 21,3% de los menores son obesos y en el primero medio, el 16%, siendo los niños los quienes tienen una mayor prevalencia de obesidad por sobre las mujeres, en todos los niveles. Del mismo modo, la obesidad se presenta con más frecuencia en los alumnos que viven en zonas rurales, la buena noticias es que la obesidad disminuyó considerablemente en relación al período 2016-2017 en pre-kínder y kínder con un 2,6% y 2,8%, respectivamente. La baja fue menor en el primer año de enseñanza básica (0,7%), mientras en alumnos de primero medio se evidenció un aumento de 2,7%.
Es conveniente reconocer la advertencia de los autores del estudio, al señalar que no se trata de un diagnóstico, el cual requiere una metodología más rigurosa y una muestra científicamente adecuada, sino cifras que llaman a la alerta, toda vez que el problema ha sido señalado con fuerza desde hace bastantes años. Para ser consecuente se requiere profundizar y potenciar los esfuerzos que las distintas instituciones del Estado, como los ministerios de Salud, de Educación y del Deporte, como de la coordinación de una diversidad de programas en esa dirección.
Por otra parte, hay que considerar la dificultad de modificar hábitos de alimentación y de actividad física en el entorno de los estudiantes, circunstancia que demanda un temprano inicio, trabajar con enfoque en la primera infancia y niveles básicos, pero también un trabajo con los padres en beneficio del cambio de conductas y hábitos.
Los cambios favorables, aunque modestos, demuestran que aun siendo difícil es posible enfrentar este problema en un plazo razonable, sobre todo si se obtiene una robusta sinergia entre todos los actores e instituciones que están involucradas en este ámbito.