El inicio del año político 2018 está marcado por la presión sobre el acelerador, las prisas para sacar adelante iniciativas de un gobierno en las últimas, con la pretensión de poner seguros a las soluciones propuestas, no importa cuán debatibles, sacar acuerdos con la amenaza de las últimas partículas del reloj de arena, sin apreciar que los procesos democráticos continúan y con ellos la evolución de las ideas. En medio de esas urgencias, ha sobresalido la polémica por los integrantes del Consejo de Asignaciones Parlamentarias.
Se trata de uno de los tantos organismos parlamentarios para propósitos específicos, que ha adquirido, a diferencia de otros más funcionales que mediáticos, una visibilidad notable, por estar involucrado en uno de los aspectos más cuestionados por la opinión pública; las regalías que han ido acumulando con el paso del tiempo los parlamentarios chilenos, una larga lista de prebendas, no todas conocidas, de las cuales éstos gozan aparentemente sin las adecuadas cortapisas, ya que la simple inhibición por motivos éticos parece ser especialmente frágil.
En el artículo 66 inciso primero de la ley 20.447, publicada en julio de 2010, queda establecido que el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias determinará, “con cargo al presupuesto del Congreso Nacional y conforme a los principios que rigen la actividad parlamentaria, el monto, el destino, la reajustabilidad y los criterios de uso de los fondos públicos destinados por cada Cámara a financiar el ejercicio de la función parlamentaria”. Entre estos gastos se contempla, en lista de largo etcétera, que no termina de transparentarse, asesorías legislativas, viajes, oficinas y secretarios.
En una publicación reciente, un diputado de fines de los años noventa, comenta que este Consejo en sus tiempos no existía, por innecesario, “los parlamentarios no tenían ni un octavo de las granjerías de las que hoy disfrutan y que, lamentablemente, hacen necesaria la existencia de un órgano fiscalizador”.
Por lo trascendente de la actuación de este organismo, ante los sucesivos incidentes demostrativos de abuso reiterado, tratados a la ligera, sin consecuencias aparentes, salvo una que otra recomendación de austeridad, en términos genéricos, prontamente olvidada, su conformación y por supuesto, quienes la integran, adquiere particular importancia.
Es por eso que la noticia de la ratificación por parte de la Cámara de Diputados de la decisión tomada por el Senado respecto al nombramiento de Andrés Zaldívar como parte del Consejo de Asignaciones Parlamentarias, ha desatado una durísima polémica, en parte por lo accidentado de la votación que reflejó nuevas instancias de quiebre en la Nueva Mayoría y además por la elección de un senador no reelecto se quedará otros cuatro años en el Congreso, ganando 100 UF, poco más de dos millones y medio de pesos.
No le hace falta a nuestros políticos nuevas sospechas de opacidades, era esta una oportunidad de aumentar la transparencia, de buscar personas fuera del sistema parlamentario que pudieran dar garantías de independencia corporativa y autonomía para dar una mirada escrutadora sobre los gastos de los parlamentarios, sobre todos con las últimas cuentas rendidas, que recuerdan malamente aquellas de Gonzalo Fernández de Córdoba y que ponen de manifiesto que sobre esta materia queda mucho paño que cortar.