Sin duda alguna los chilenos han estado en condición de alarma en relación a los medicamentos por una serie de causas, todas perfectamente justificadas, este importante asunto ha estado en los medios de comunicación muchas veces y rara vez para mejor, colusión, precios abusivos, negación de la existencia de productos alternativos, incentivos perversos a los vendedores para ofrecer productos más caros y ocultar la existencia de otros más baratos. Farmacias transformadas en supermercados, insertas solo en las áreas más rentables de las ciudades y un número ínfimo de locales de turno, muchas veces insatisfactoriamente provistos.

Definitivamente ha habido una intranquilizadora falta de voluntad gubernamental para poner las cosas en su sitio, o por lo menos para convencer con evidencia sustancial que todas esas acusaciones y reclamos no tienen base, la no existencia de explicación plausible basta para mantener este delicado asunto, medicamentos y su comercialización, bajo fundada sospecha y al mismo tiempo en posición difícil de explicar para las autoridades encargadas de asegurar las buenas prácticas en lo relativo a la salud de la población.

En términos más concretos, últimamente la agenda pública ha sido ocupada por la acusación de colusión de tres laboratorios productores de inyectables que fueron querellados por el Consejo de Defensa del Estado (CDE). Pero también porque los precios parecen altos e inasequibles para segmentos importantes de la población.

Sin bien es cierto que Chile tiene una fuerte dependencia del exterior en cuanto a productos farmacéuticos terminados y a materias primas para fabricarlos, circunstancia que depende de condiciones de mercado establecidas muchas veces por corporaciones farmacéuticas internacionales, del mismo modo, es verdad que hay medios para que las transacciones efectuadas sean más favorables y evitar que sobre aquellos se instalen otros costos no del todo justificados para aumentar los retornos comerciales del mercado farmacéutico nacional.

El Instituto de Salud Pública, dependiente del Ministerio de Salud de Chile, tiene como misión contribuir al mejoramiento de la salud en Chile garantizando la calidad de bienes y servicios, por lo tanto, es un actor primario en el tema en cuestión. En ese sentido, el director del Instituto de políticas públicas en salud ha analizado las estrategias posibles para superar este problema; economía de escala, medicamentos bioequivalentes y adecuada información.

En el primer caso, el Estado puede fortalecer a la Central Nacional de Abastecimiento en licitaciones internacionales, utilizando su gran poder de compra, lo cual permitiría ofrecer acceso a dichos productos a precios razonables, fomentando la libre competencia. La segunda estrategia es reimpulsar con decisión la política pública de la bioequivalencia y de la intercambiabilidad de los productos y por último desarrollar de sistemas de información accesible para los 28 millones de teléfonos celulares, acerca de la disponibilidad, precios y ubicación de las farmacias, las cuales deberían mostrar mejor perfil de servicio público.

Además de voluntad política para implementar estas medidas y establecer las penas para quienes incumplan, se requiere de una adecuada formación de los usuarios, para el uso adecuado y conveniente de medicamentos. Se trata, sin eufemismos, de un asunto de vida o muerte.