La violencia contra las mujeres es uno de los principales problemas sociales de nuestro país. Su origen cultural permite que sea un fenómeno invisible, en parte porque las mujeres víctimas demoran en promedio siete años en denunciar a sus agresores. Las razones para dilatar la presentación de una denuncia por maltratos físicos, psicológicos o sexuales responden principalmente al miedo de la víctima, a la dependencia económica, la baja autoestima, o una cultura de resignación, como si la violencia fuera una característica natural de la relación de pareja, en la cual todavía se cree que los hombres tienen derecho a controlar la libertad y la vida de las mujeres.
En nuestro país, la violencia afecta a mujeres de cualquier edad, condición económica y social y de cualquier religión. Puede ocurrir al interior de la pareja, en el trabajo, en los lugares de estudio y en los espacios públicos. En el extremo de violencia física el femicidio, esto es, el asesinato de una mujer realizado por quien es o ha sido su esposo o conviviente, o maltrato a golpes y muchas formas de violencia sexual.
Un número indeterminado de chilenas sufre violencia sicológica, o sea el intento de ser controladas mediante amenazas, humillaciones y presión emocional, con el propósito de hacerla sentir inseguras y sin control sobre sus vidas y decisiones, del mismo modo está presente la violencia económica , es decir, el control de la mujer a través de la entrega condicionada del dinero necesario para su mantención personal y de otros miembros de la familia, o apropiándose del dinero la mujer obtiene como fruto de su trabajo.
Según datos del Ministerio Público entregados en 2016, de los 140.022 casos ingresados por denuncias de violencia intrafamiliar en 2015, un 46,7% al delito de lesiones, 38,8% corresponde a amenazas y un 9,3% al delito de maltrato habitual. Sin embargo, la tasa de condenas que informa el organismo sólo alcanzó al 10%. Esto se explica, según las autoridades del ministerio, porque en muchos casos la denunciante desiste del proceso y sin su testimonio es difícil lograr una condena para el agresor.
Otras cifras son aún más dramáticas, durante el año pasado se registraron 52 femicidios, según los datos de la Red contra la Violencia hacia las Mujeres. En cualquier caso, el aumento de femicidios es una situación que preocupa a las organizaciones, entendiendo que ya se produjo el primero del 2018 y hubo unos 112 casos que entraron en la categoría de femicidio frustrado.
Por intolerables que resulten esas cifras, no parecen relatar toda la verdad. Las organizaciones de mujeres contradijeron las cifras oficiales, según el catastro de la Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres, durante el 2017 se contabilizaron un total de 65 asesinatos de mujeres, 13 más que en 2016, datos cuestionados por la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Claudia Pascual, quien señala que en 2017 hubo un total de 41 crímenes de estas características, 7 más que el año precedente.
La Ley 20.480 define femicidio como “el asesinato de una mujer realizado por quien es o ha sido su cónyuge o conviviente”, para las organizaciones de mujeres la definición es “el asesinato de una mujer en manos de un hombres por el solo hecho de ser mujer”, una cruel sutileza que permite achicar las cifras del Ministerio, pero que oculta una dura realidad de la violencia de género.